Evangelismo político

Parte III · Los antagonistas · Dossier 8

Quien llega en tren a Parada de Lucas, en la zona norte de Río de Janeiro, encuentra una bandera de Israel y un cartel que le da la bienvenida al Complexo de Israel. Detrás viven unas 134.000 personas repartidas en cinco favelas. Las gobierna un jefe del narcotráfico, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conocido como Peixão, que creció con una madre umbandista y se convirtió después al pentecostalismo.

En la pared de un terreiro de umbanda destruido por sus hombres quedó una pintada: Jesús es el dueño del lugar.

Han documentado el antes y el después la BBC en 2025, la Policía Civil de Río y la antropóloga Ana Paula Miranda, de la Universidade Federal Fluminense. Sus hombres cerraron los terreiros de umbanda y candomblé del complejo y de los barrios vecinos. Prohibieron vestir de blanco, tocar los atabaques y sacar imágenes a la calle. Más tarde la orden alcanzó a tres parroquias católicas, que suspendieron su actividad. Sobre Peixão pesan una veintena de órdenes de detención, entre ellas por homicidio y tortura, y otra por ordenar ataques contra templos afrobrasileños fuera de su territorio. Miranda ha encontrado el mismo patrón en favelas de Fortaleza y de Salvador.

Peixão no es un ideólogo ni un diputado, y presentarlo como retrato del mundo evangélico sería falso. La pastora y teóloga Viviane Costa, autora de Traficantes evangélicos (2023), documenta el rechazo frontal de las iglesias tradicionales a que un traficante se llame cristiano. Pero la frase de la pared tiene una gramática que él no inventó: un territorio, un dueño divino y un culto que sobra. Esa gramática tiene autores, fechas y programas escritos.

El objeto

Este capítulo no juzga una fe. Describe un proyecto político que habla el idioma de una fe.

Por evangelismo político se entiende aquí el movimiento organizado que usa la estructura de las iglesias evangélicas, sobre todo las fundamentalistas, pentecostales y neopentecostales, para conquistar el poder del Estado y reescribir la ley según una lectura selectiva de la Biblia. Es una ideología completa. Su teoría de la soberanía dice que la ley verdadera ya está escrita y que los parlamentos solo pueden obedecerla o rebelarse contra ella. Su orden social hace de la familia patriarcal y heterosexual la célula del Estado. Su economía es el evangelio de la prosperidad, y su enemigo cambia de nombre según el país: el «humanismo secular» en Estados Unidos, los orixás en Brasil. Tiene aparato: megaiglesias, cadenas de televisión, frentes parlamentarios, partidos propios y una red internacional que exporta leyes.

Este libro la sitúa en la extrema derecha. Subordina la soberanía popular a una revelación y reparte los derechos según la fe y la sexualidad de cada cual. La clasificación es del autor, y las páginas que siguen exponen sus razones.

La distancia entre la fe y el proyecto se puede medir. En las presidenciales estadounidenses de 2024, el 81 % de los evangélicos blancos votó a Trump, dos puntos menos que en 2020, mientras los protestantes negros votaban de forma abrumadora al Partido Demócrata. Las dos cifras proceden del estudio de votantes verificados que Pew Research Center publicó en junio de 2025 (dato sólido). La misma Biblia, el voto contrario. El politólogo Ryan Burge, hoy en la Universidad Washington en San Luis, lo resume así: en Estados Unidos, ser evangélico blanco es una identidad política tanto como religiosa. Ese voto tiene fecha de nacimiento, y es reciente.

Retirada y regreso

En julio de 1925, en Dayton, Tennessee, el profesor de instituto John Scopes fue condenado por enseñar la evolución. El fundamentalismo protestante ganó el juicio y perdió el país. La prensa nacional lo convirtió en objeto de burla, y sus iglesias abandonaron el primer plano de la vida pública para ocuparse de la salvación individual.

Retirarse le sirvió para construir. El historiador Joel Carpenter mostró en Revive Us Again (1997) que en esas décadas el fundamentalismo levantó institutos bíblicos, emisoras de radio, editoriales y campamentos propios. Cuando volvió a la política, tenía la red hecha.

Y aquella retirada ya era una posición política. En marzo de 1965, con el movimiento por los derechos civiles marchando en Selma, Jerry Falwell predicó en Lynchburg, Virginia, el sermón «Ministers and Marches». Sostenía que el predicador debía ganar almas y no reformar la sociedad, y que los clérigos que marchaban junto a Martin Luther King se equivocaban de vocación. Catorce años después, el mismo Falwell fundaba la Moral Majority para intervenir en elecciones.

Qué cambió entre esas dos fechas es una de las disputas más vivas de la historiografía estadounidense. La versión del propio movimiento sitúa el detonante en la sentencia Roe contra Wade, de 1973. El historiador Randall Balmer, del Dartmouth College, propone otro. En 1971, en el caso Green contra Connally, un tribunal federal negó la exención fiscal a los colegios privados que segregaban por raza, muchos de ellos abiertos en el Sur para esquivar la integración escolar. En 1976 Hacienda retiró esa exención a la Bob Jones University, que prohibía a sus alumnos las parejas interraciales. Balmer se apoya en Paul Weyrich, estratega de la Nueva Derecha, quien contó años después que a los evangélicos no los movilizó el aborto ni la oración escolar, sino la ofensiva de Hacienda contra los colegios cristianos. Autores evangélicos, como los de The Gospel Coalition, responden que el aborto pesó desde el principio. Es una tesis argumentada y discutida. Nadie discute, en cambio, el primer pegamento del bloque: la defensa de unos colegios privados frente al Estado federal.

El 21 de agosto de 1980, unas quince mil personas, buena parte de ellas pastores, llenaron el Reunion Arena de Dallas para el National Affairs Briefing de la Religious Roundtable de Ed McAteer. Ronald Reagan, el único candidato presidencial que acudió, les dijo que sabía que ellos no podían respaldarle, pero que él sí los respaldaba a ellos. Ante la prensa defendió que el creacionismo se enseñara en la escuela pública junto a la evolución. Weyrich habló a los mismos pastores sin rodeos: «No quiero que vote todo el mundo». Su influencia electoral, explicó, crecía cuando bajaba la participación.

En Dallas se selló una alianza entre la derecha religiosa y la derecha económica que dura hasta hoy. Weyrich había cofundado la Heritage Foundation en 1973. En 1981 el predicador Tim LaHaye fundó el Council for National Policy, con Weyrich entre sus primeros miembros, como punto de encuentro discreto entre predicadores, donantes y estrategas republicanos. Desde entonces el programa moral y el programa fiscal comparten mesa.

La doctrina del dominio

Mientras la Moral Majority hacía campaña, otra corriente trabajaba más despacio y con más ambición. En 1973 el pastor presbiteriano Rousas John Rushdoony había publicado The Institutes of Biblical Law. Su tesis era que la ley del Antiguo Testamento, con sus penas, debía servir como código civil de un país cristiano. En su sistema y en el de sus discípulos, la homosexualidad, el adulterio, la blasfemia o la adoración de dioses ajenos podían castigarse con la muerte. Rushdoony fue uno de los padres intelectuales de la educación en casa, pensada para sacar a los niños cristianos de la escuela pública.

Su yerno, el economista Gary North, dejó escrita en 1982 la frase que mejor explica la relación de este proyecto con la libertad religiosa. Proponía invocarla para proteger a los colegios cristianos mientras se formaba una generación convencida de que no existen ley, educación ni gobierno neutrales. Esa generación, escribía, construiría después un orden social, político y religioso basado en la Biblia que acabaría negando la libertad religiosa a los enemigos de Dios. El texto se titula «The Intellectual Schizophrenia of the New Christian Right» y apareció ese año en los cuadernos reconstruccionistas. Un año antes, según recordó The New York Times en su obituario de 2022, North había pedido a los cristianos organizarse dentro de los partidos existentes e infiltrarse en el orden institucional. La libertad religiosa, en ese plan, es una etapa del camino.

El reconstruccionismo fue siempre minoritario, y los especialistas discuten su peso real dentro de la derecha religiosa. Su premisa viajó más lejos que sus libros: la ley neutral no existe, y el pluralismo es una fase táctica.

La versión de masas llegó por otra vía. Según contaron después sus protagonistas, en 1975 Bill Bright, fundador de Campus Crusade for Christ, y Loren Cunningham, fundador de Juventud con una Misión, recibieron por separado la misma revelación: para cambiar una nación había que ocupar siete esferas de la sociedad, que eran la familia, la religión, la educación, los medios, el espectáculo, la economía y el gobierno. La coincidencia solo consta en su propio relato. C. Peter Wagner, profesor del Fuller Theological Seminary, integró la idea en la Nueva Reforma Apostólica, una red de iglesias carismáticas que afirma que Dios ha restaurado en nuestro tiempo apóstoles y profetas con revelaciones nuevas. Lance Wallnau la convirtió en consigna. En Invading Babylon (2013), escrito con Bill Johnson, pastor de la megaiglesia Bethel, las esferas pasaron a ser montañas que coronar, cada una con su rey en la cima. Salvar almas, la prioridad clásica del evangelismo, quedaba por debajo de la conquista de cumbres.

Wagner aportó otra pieza, la guerra espiritual. En los años noventa difundió la llamada cartografía espiritual, que localiza demonios dueños de ciudades y territorios y propone expulsarlos con oración organizada. Lo que en un seminario de California sonaba a metáfora encontró en Brasil un suelo preparado. Ya en 1988, el obispo Edir Macedo, fundador en 1977 de la Iglesia Universal del Reino de Dios, había publicado Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?, donde las entidades de las religiones afrobrasileñas aparecen como demonios que hay que expulsar.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el Disque 100 del Ministerio de Derechos Humanos de Brasil registró 2.774 denuncias por intolerancia religiosa. Cuando consta la religión de la víctima, las de matriz africana encabezan la lista, con 389 denuncias de umbanda y candomblé (dato oficial, MDHC, enero de 2026). Según el censo de 2022, esas religiones agrupan al 1 % de la población. Las denuncias no recogen la confesión del agresor y no permiten atribuir los ataques a un grupo concreto. Muestran contra quién se dirigen.

La prosperidad como programa económico

El evangelio de la prosperidad, nacido entre predicadores estadounidenses de mediados del siglo XX como Oral Roberts y Kenneth Hagin, enseña que la fe se recompensa con dinero y salud. El reverso queda implícito: la pobreza delata una fe insuficiente.

Llevado a la política, el razonamiento se cierra solo. Si la riqueza es bendición, redistribuirla es interferir con Dios, y el mercado se convierte en tribunal de la fe. Macedo lo llevó a la industria. La Iglesia Universal compró en 1989 la Rede Record, hoy una de las grandes cadenas de televisión de Brasil, y su brazo electoral es el partido Republicanos.

Desde una tradición muy distinta, calvinista y ajena al carismatismo, Gary North llegó a la misma meta. Christianity Today lo despidió en 2022 como el hombre que vio la economía austriaca en la Biblia, y dedicó a demostrarlo un comentario bíblico de 31 volúmenes.

Lectura de este libro: la teología de la prosperidad hace con la desigualdad lo que el derecho divino de los reyes hacía con la corona. La convierte en voluntad de Dios y la pone fuera del alcance del voto.

La exportación

El primer jefe de Estado evangélico de América Latina llegó por un golpe militar. El general Efraín Ríos Montt, miembro de la Iglesia del Verbo, filial de la californiana Gospel Outreach, gobernó Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983 y predicaba cada domingo por televisión. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por Naciones Unidas, concluyó en 1999 que agentes del Estado guatemalteco cometieron actos de genocidio contra el pueblo maya, con los primeros años ochenta como el periodo más letal. En diciembre de 1982 Reagan declaró que a Ríos Montt se le estaba juzgando injustamente. El telepredicador Pat Robertson lo defendió desde su cadena. En mayo de 2013 un tribunal guatemalteco lo condenó a ochenta años por genocidio y crímenes contra la humanidad contra el pueblo ixil. La Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia diez días después por defectos de procedimiento. Murió en 2018 con el nuevo juicio abierto.

Cuánto hubo de estrategia estadounidense en la expansión evangélica latinoamericana es otra tesis en disputa. El Documento de Santa Fe, preparado en 1980 para el equipo de Reagan, pedía combatir la teología de la liberación, y algunos autores ven ahí el origen de un apoyo deliberado al protestantismo conservador. Sociólogos como David Martin atribuyen el crecimiento pentecostal sobre todo a causas internas: migración del campo a la ciudad, redes de apoyo en barrios abandonados por el Estado, pastores salidos de la propia comunidad. Las dos lecturas tienen pruebas, y ninguna explica sola el fenómeno.

Brasil es hoy el laboratorio más grande. El censo de 2022, publicado en junio de 2025, cifra a los evangélicos en el 26,9 % de la población, 47,4 millones de personas, frente al 21,6 % de 2010 (dato censal). El crecimiento se ha frenado, pero sigue siendo el grupo religioso que más se expande. En el Congreso, la Frente Parlamentar Evangélica de la legislatura saliente reúne a 211 diputados y 26 senadores firmantes. Firmar no equivale a profesar: al empezar la legislatura de 2023, el diario O Globo contó 98 diputados evangélicos, y 106 diputados firman a la vez la frente evangélica y la católica. El estatuto de la frente declara como fin asegurar los derechos del pueblo cristiano. Sus demandas de 2026 incluyen ampliar la inmunidad tributaria de las iglesias y crear una «bancada cristiana» con asiento fijo en la reunión de líderes que decide qué se vota en la Cámara.

África occidental ofrece el ejemplo más reciente. El 29 de mayo de 2026, el Parlamento de Ghana aprobó a mano alzada el proyecto de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares. El texto castiga con tres años de cárcel a quien se presente públicamente como persona LGTBI+, persigue también a quienes la apoyan, impone el deber de denunciar ante la policía y convierte estos delitos en extraditables. Su principal impulsor, el diputado y reverendo John Ntim Fordjour, lo defendió como protección de los valores familiares ghaneses, con el apoyo de casi todo el arco parlamentario y de los consejos cristianos del país. La votación llegó días antes de que Accra acogiera la cuarta Conferencia Interparlamentaria Africana sobre Valores Familiares. La primera se había celebrado en Entebbe a finales de marzo de 2023, nueve días después de que el Parlamento de Uganda aprobara la primera versión de su ley. A fecha de redacción no consta que el presidente John Mahama haya firmado la ley, aunque se comprometió ante el Consejo Cristiano de Ghana a hacerlo.

Dentro del Estado

El 7 de febrero de 2025, la orden ejecutiva 14205 creó la Oficina de Fe de la Casa Blanca, dentro del Consejo de Política Interior. Sustituyó a la antigua oficina de colaboraciones confesionales y vecinales, y en el cambio de nombre se perdió lo vecinal. La orden pide a las agencias federales que designen enlaces de fe y encarga a la oficina trabajar con el grupo contra el sesgo anticristiano que Trump había encomendado la víspera a la fiscal general, Pam Bondi. Para dirigirla, como asesora principal, eligió a Paula White-Cain, telepredicadora de la prosperidad y consejera espiritual suya desde 2002, a quien organizaciones interconfesionales como Interfaith Alliance vinculan con la Nueva Reforma Apostólica. En el vocabulario de las siete montañas, una oficina así tiene nombre: la cima del gobierno.

La oficina tiene detrás una base social. Según el Atlas de Valores Estadounidenses que PRRI publicó en febrero de 2026, con más de 22.000 entrevistas realizadas a lo largo de 2025, el 67 % de los protestantes evangélicos blancos se clasifica como partidario (29 %) o simpatizante (38 %) del nacionalismo cristiano. Entre los protestantes hispanos, el 54 %. En el conjunto del país son un 11 % de partidarios y un 21 % de simpatizantes (dato de encuesta, serie anual consistente). Partidarios y simpatizantes puntúan alto en la escala de autoritarismo de derechas que usa PRRI.

Gary North murió en 2022 sin haber concedido nunca una entrevista. Frederick Clarkson, que lleva tres décadas estudiando a los reconstruccionistas, lo describió en Religion Dispatches como un revolucionario paciente, dispuesto a esperar.

La pintada de Parada de Lucas cabe en una línea. Rushdoony necesitó casi novecientas páginas; la Casa Blanca, una orden ejecutiva. No hay prueba de que un traficante de Río haya leído a un teólogo de California. Lo que comparten es una sola afirmación: el lugar tiene dueño, y no son quienes viven en él.

Los muertos de Texas

El informe tenía que estar listo el 1 de septiembre de 2026. Es el primero del Comité de Revisión de Mortalidad Materna de Texas que incluye muertes posteriores a la prohibición del aborto de 2021: las de 2021 y las de 2024. El Departamento de Salud estatal lo retuvo para una revisión interna y pidió al comité que reforzara sus conclusiones. Una ley de 2025 le permite entregarlo en diciembre. Las elecciones son el 3 de noviembre, y desde el 19 de octubre los tejanos ya votan por anticipado.

Lo que no van a leer antes de votar se puede reconstruir en parte con otras fuentes. ProPublica analizó siete años de altas hospitalarias del propio estado, de 2017 a 2023, y publicó en febrero de 2025 que la sepsis entre las mujeres ingresadas por una pérdida de embarazo en el segundo trimestre había subido más de un 50 % tras la prohibición. Las muertes intrahospitalarias de embarazadas y puérperas fueron 79 en 2018 y 2019, y 120 en 2022 y 2023. Según los CDC, la mortalidad materna de Texas subió un 33 % entre 2019 y 2023, mientras la del conjunto del país bajaba un 7,5 %. En septiembre de 2026, otro análisis de ProPublica sobre datos de los CDC encontró que las muertes por embarazo ectópico casi se habían duplicado en el país: unas 200 entre 2020 y 2025, frente a unas 100 en los seis años anteriores. La subida fue mucho más pronunciada en los estados que prohibieron el aborto.

Son análisis observacionales de registros administrativos, y la pandemia de covid se solapa con el periodo estudiado. Por sí solos no demuestran causalidad (evidencia observacional, consistente entre fuentes). Encajan con lo que los médicos tejanos describen desde 2022: hospitales que leían la ley como una orden de esperar a que se detuviera el latido fetal antes de evacuar un útero que ya se estaba infectando, y profesionales que calculaban si tratar a tiempo les costaría la licencia o la cárcel. En 2025 el Legislativo tejano aprobó una ley para aclarar las excepciones médicas. Los datos de ProPublica son anteriores.

La sentencia Dobbs, que en 2022 devolvió a los estados el poder de prohibir el aborto, salió de un Supremo con tres jueces nombrados por un presidente que en septiembre de 2016 se había comprometido por escrito, ante dirigentes antiabortistas, a elegir magistrados contrarios al aborto. Cuatro décadas de alianza entre púlpito y partido, desde Dallas en 1980, tenían ese objetivo declarado. Lo cumplieron.

Las niñas de Brasil

El 12 de junio de 2024, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en una votación relámpago, sin debate, la tramitación urgente del proyecto de ley 1904. Su autor, el diputado Sóstenes Cavalcante, había presidido la Frente Parlamentar Evangélica. El texto equipara al homicidio simple el aborto practicado después de la semana 22 de gestación cuando el feto es viable, con penas de seis a veinte años de prisión, también cuando el embarazo procede de una violación. La pena máxima por violación simple en el código penal brasileño es de diez años.

La semana 22 tiene destinatarias. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2026, el 60,3 % de las víctimas de violación registradas tenía trece años o menos. Entre las víctimas menores de catorce, el 85,6 % son niñas, y cuando se identifica al agresor, en casi seis de cada diez casos es un familiar. Una niña de once años violada en su propia casa tarda en entender lo que le pasa y en contarlo, y aún más en llegar a un hospital que cumpla la ley. Son ellas quienes llegan tarde, y es a ellas a quienes el proyecto convertía en homicidas con una pena superior a la de su agresor. Las protestas de las semanas siguientes frenaron la votación en el pleno. El proyecto sigue registrado, y no consta que haya vuelto al orden del día.

Kampala, después de la ley

Yoweri Museveni firmó la Ley contra la Homosexualidad de Uganda en mayo de 2023. En septiembre de 2025, el Journal of the International AIDS Society publicó el primer estudio cuantitativo sobre su efecto en la atención al VIH. Lo firman Nsubuga y colaboradores, de organizaciones ugandesas de base, y se apoya en encuestas de seguimiento comunitario en 320 centros sanitarios y 50 centros de acogida, con casi 58.000 respuestas de usuarios entre 2022 y 2024. En los centros de acogida, la proporción de hombres que tienen sexo con hombres que recibía allí profilaxis preexposición cayó 32 puntos. La de quienes encontraban fácil llegar al centro bajó 28. La mitad de ellos declaró haber sufrido estigma en los servicios sanitarios en los seis meses anteriores. Los responsables de los centros describieron acoso, grupos de vigilantes que se hacían pasar por usuarios, redadas, personal que se marchaba y pacientes que abandonaron el tratamiento. Contaron también muertes entre esos pacientes, algo que el estudio no midió. Los propios autores advierten de los límites del diseño: encuestas no aleatorizadas y cohortes distintas antes y después de la ley (evidencia provisional, dirección coherente). También advierten de que probablemente subestiman el daño, porque solo responde quien sigue acudiendo.

La libertad religiosa como herramienta

La fórmula de Gary North era invocar la libertad religiosa mientras se es minoría y negarla a los enemigos de Dios cuando se gobierne. Los hechos de 2025 y 2026 permiten ver cómo se aplica.

A finales de abril de 2026, el grupo de trabajo contra el sesgo anticristiano, formado sobre todo por miembros del gabinete de Trump, publicó un informe de más de 500 páginas. No documenta una persecución contra el culto. Reúne los procesamientos de la administración Biden contra activistas que bloqueaban clínicas de aborto, varios de ellos indultados después por Trump, y las multas del Departamento de Educación a universidades cristianas como Liberty y Grand Canyon. Amanda Tyler, directora del Comité Conjunto Bautista para la Libertad Religiosa, respondió que el informe se apoya en anécdotas escogidas, que los abusos de la administración se discuten en los tribunales y no en un informe partidista, y que reduce la teología cristiana al aborto, el género y la orientación sexual. Tyler es bautista. Su organización defiende desde 1936 la separación entre Iglesia y Estado.

El 31 de marzo de 2026, el Tribunal Supremo resolvió por 8 a 1 el caso Chiles contra Salazar, con ponencia de Neil Gorsuch y el voto particular de Ketanji Brown Jackson. Declaró que la ley de Colorado que prohibía las terapias de conversión con menores, las que prometen cambiar la orientación sexual o la identidad de género, discrimina por punto de vista cuando se aplica a una terapeuta que solo habla con sus pacientes. Defendió a la terapeuta Alliance Defending Freedom, el principal despacho jurídico de la derecha evangélica. La evidencia sobre esas terapias apunta en una sola dirección. El estudio de Blosnich y colaboradores en el American Journal of Public Health (2020) encontró que los adultos de minorías sexuales sometidos a ellas tenían más ideación suicida y más intentos de suicidio que quienes no pasaron por ellas (dato observacional, replicado en otras series). Lisa Diamond y Clifford Rosky, autores de un estudio de 2016 que el despacho citó ante el Supremo, dijeron a The Guardian en octubre de 2025 que se había tergiversado su trabajo. La sentencia protege la palabra del terapeuta. De la del adolescente no dice nada.

El 21 de abril de 2026, el pleno del Quinto Circuito avaló por 9 votos contra 8 la ley de Texas que obliga a colgar los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas. En 1980 el Supremo había anulado una ley casi idéntica de Kentucky, en el caso Stone contra Graham. La mayoría declaró que ese precedente ya no rige, porque se apoyaba en un criterio que el propio Supremo abandonó en 2022. La jugada llevó décadas: esperar a que un tribunal recompuesto desmontara la doctrina y legislar después. En otro frente, Hacienda pactó en julio de 2025 con la National Religious Broadcasters que las iglesias pudieran respaldar candidatos durante el culto sin perder la exención fiscal. El juez federal J. Campbell Barker, del Distrito Este de Texas, rechazó el acuerdo a finales de marzo de 2026 por falta de competencia, y recordó que la cuestión corresponde al Congreso. La pretensión era convertir el templo exento de impuestos en sede de campaña.

En las aulas públicas de Texas, delante de alumnos de todas las religiones y de ninguna, el decálogo puede colgar ahora sobre la pizarra. En un barrio de Río, un terreiro tiene la puerta tapiada. Son dos intensidades del mismo principio, y la diferencia entre ellas es de grado.

La versión más honesta del argumento contrario

Tres objeciones merecen respuesta.

La primera dice que las iglesias evangélicas hacen el trabajo que el Estado abandonó. En las periferias de São Paulo, de Lagos o de Guatemala, el templo pentecostal ofrece comida, centros de desintoxicación, guardería, una red de apoyo cuando falla todo lo demás y una disciplina que aleja a muchos hombres del alcohol y de la violencia doméstica. Sociólogos como David Martin lo documentaron hace décadas. El problema empieza en el paso siguiente, cuando la red de ayuda se convierte en maquinaria electoral y el pastor cobra la ayuda en leyes. La caridad no da derecho a legislar sobre el cuerpo de quien no pertenece a la congregación. Tampoco borra quién vació antes ese Estado: el evangelio de la prosperidad vota recortes, y los recortes le traen fieles.

La segunda dice que un creyente vota según sus valores como cualquiera, y que el laico también lleva convicciones morales a la urna. Es cierto, y ningún demócrata pide a nadie que vote sin conciencia. La frontera está en cómo se justifica una ley que obliga a todos: con razones que pueda examinar quien no comparte la fe, o con la afirmación de que Dios ya lo decidió. El reconstruccionismo y la doctrina de las siete montañas eligen expresamente lo segundo. Weyrich lo dijo en Dallas: su programa ganaba cuando votaba menos gente. Un proyecto que mide su fuerza por la abstención ajena no se defiende en nombre de la democracia.

La tercera recuerda que el laicismo también ha perseguido. La Francia revolucionaria cerró iglesias y guillotinó sacerdotes; la Unión Soviética demolió templos y deportó creyentes; la Albania de Enver Hoxha se proclamó en 1967 primer Estado ateo del mundo y prohibió todo culto. El humanismo de este libro condena cada uno de esos episodios. La respuesta está en la diferencia entre un Estado laico y un Estado ateo. El primero no tiene religión y protege por igual el terreiro, la parroquia y la mezquita. El segundo impone una creencia, aunque sea la de no creer, y por eso se parece más al proyecto de dominio que al laicismo. Quien hoy cierra templos en nombre de Dios no lleva bandera atea.

Veredicto

Lo que sigue es juicio, no dato.

El evangelismo político es una ideología de soberanía. Sostiene que la ley legítima procede de una revelación que solo sus intérpretes leen, y que la soberanía popular vale mientras coincide con ella. Para esta ideología la democracia es un medio útil hasta que se gana, y la libertad religiosa, un andamio que se retira cuando el edificio está en pie. Así lo escribieron sus propios teóricos, y así actúa cuando gobierna.

Su daño tiene una dirección constante. Cae sobre la mujer que pierde un embarazo en un hospital de Houston, sobre la niña violada que llega tarde a un hospital de Recife, sobre el hombre de Kampala que deja de ir a por su profilaxis, sobre la madre de santo que tapia su terreiro. Nunca cae sobre el pastor de la prosperidad ni sobre el donante que financia el bloque. Una moral que siempre cobra a los mismos y nunca a quien la predica merece otro nombre.

Es, además, enemiga de la fe que dice defender. Los primeros en denunciarla han sido creyentes: la pastora que estudia a los traficantes de Río y la bautista que leyó el informe del gabinete de Trump sin encontrar la persecución anunciada. Defender el Estado laico contra este proyecto también es defenderlas a ellas.

Por todo ello, el humanismo de este manifiesto no lo trata como una opinión más que haya que equilibrar en una tertulia. Lo trata como adversario. Con sus votantes se habla, y sus derechos se defienden como los de cualquiera. A su programa no se le concede nada: ni la ley sobre el cuerpo ajeno, ni el dinero público para el púlpito, ni el aula de todos, ni la consulta del terapeuta convertida en confesionario.

El informe de Texas llegará en diciembre, con las urnas ya cerradas. Una ideología que se cree en posesión de la ley verdadera no necesita conocer a sus muertos antes de votar. Le basta con que no los conozcan los demás.

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