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Parte III · Los antagonistas · Dossier 5
Un vendedor coloca cien euros de mercancía en Amazon. Se queda con menos de cincuenta. El resto se lo lleva el dueño del sitio, por cuatro vías a la vez: comisión por venta, almacén, envío y una publicidad que sobre el papel es opcional y en la práctica no, porque el producto que no se anuncia no aparece.
La cifra procede de Marketplace Pulse. En febrero de 2023, a partir de las cuentas de resultados de una muestra de vendedores, la consultora calculó que Amazon retuvo en 2022 más de la mitad de sus ingresos, frente al cuarenta por ciento de cinco años antes: un quince por ciento de comisión, entre un veinte y un treinta y cinco en logística y almacenaje, hasta un quince en publicidad. Amazon replicó que esas cuentas no reflejan el coste real de vender en su tienda y que su logística sale más barata que las alternativas. Es una estimación sectorial sobre una muestra, discutida por la empresa afectada: evidencia razonable, no dato auditado.
Sirve igual para lo que importa aquí. Entre dos partes que pueden levantarse de la mesa, lo que cambia de manos es un precio. Este vendedor no puede levantarse, porque fuera de esa tienda no hay comprador que lo encuentre. Paga por seguir existiendo en un territorio ajeno, a la tarifa que fija su propietario. La historia económica europea tiene un nombre viejo para ese pago.
Renta.
El nombre y quién lo puso
Quien popularizó la palabra lo hizo para denunciar lo que nombra. Yanis Varoufakis publicó en 2023 Technofeudalism: What Killed Capitalism —en castellano, Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo, Deusto, 2024—. Su tesis: el capitalismo de mercado ha cedido el sitio a otra estructura, en la que unas pocas corporaciones poseen el terreno digital donde ocurre la actividad económica y cobran por entrar. No fue el primero. El economista francés Cédric Durand había publicado en 2020 Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, con la misma intuición y otro aparato teórico. Ninguno de los dos es adversario en este libro. Pusieron nombre al objeto.
El nombre está discutido, y eso se dice aquí, antes de usarlo, y no después. Una parte de los economistas lo considera una metáfora imprecisa: estas empresas compiten entre sí, invierten y pueden quebrar, y nada de eso encaja en la imagen del feudo. La objeción tiene peso y recibe respuesta más adelante. Quien siga leyendo sabe desde ahora que maneja un concepto en disputa.
La concentración, en cambio, no admite disputa. Consta en sentencias judiciales, en los informes trimestrales que las empresas entregan a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense y en sus propias notas de prensa.
Cinco propietarios
Alphabet
El buscador dejó de ser materia de opinión en agosto de 2024. El juez federal Amit Mehta declaró que Google mantenía un monopolio ilegal en búsqueda en línea, sostenido con los miles de millones que paga cada año a Apple y a otros fabricantes para ser el buscador predeterminado de sus dispositivos. Los remedios llegaron en septiembre de 2025, más suaves de lo que pedía el Departamento de Justicia: sin venta forzosa del navegador Chrome, con la obligación de compartir parte de sus datos de búsqueda con competidores. Google anunció su recurso en enero de 2026. En febrero, el Departamento de Justicia recurrió en sentido contrario y volvió a pedir la venta de Chrome. El 22 de mayo, Google presentó ante el tribunal de apelaciones del circuito de Washington un escrito de más de cien páginas que atribuye al juez errores de derecho en casi cada paso. A fecha de redacción, el caso sigue abierto. En Europa, la Comisión comunicó en marzo de 2025 conclusiones preliminares de incumplimiento del Reglamento de Mercados Digitales en dos frentes: el buscador y la tienda Google Play.
Amazon
El 3 de agosto de 2026 superó por primera vez los tres billones de dólares de capitalización. Antes solo lo habían conseguido Apple, Microsoft, Nvidia y Alphabet. El empujón no vino de la tienda. Vino de Amazon Web Services, su negocio de nube, que facturó 42.200 millones de dólares en el segundo trimestre, un treinta y siete por ciento más que un año antes. La empresa que empezó vendiendo libros por correo es hoy, ante todo, la casera de buena parte de la infraestructura donde otros alojan lo suyo.
Meta
Compró Instagram en 2012 por mil millones de dólares y WhatsApp en 2014 por diecinueve mil millones. La Comisión Federal de Comercio estadounidense la demandó en 2020 alegando que esas compras sirvieron para eliminar rivales, y perdió en primera instancia. El 18 de noviembre de 2025, el juez James Boasberg concluyó que la agencia no había probado que Meta tenga hoy poder de monopolio, en un mercado donde TikTok y YouTube compiten por la misma atención. El fallo dice menos de lo que se le suele atribuir. No absuelve las compras de 2012 y 2014: declara que el mercado de 2025 ya no es el de 2020. Tampoco es definitivo. La Comisión lo recurrió en enero de 2026 ante el mismo tribunal de apelaciones que examina el caso de Google. En Europa, Bruselas multó a Meta en abril de 2025 con doscientos millones de euros por su modelo de «pagar o consentir», que obligaba al usuario a elegir entre ceder sus datos o pagar una suscripción.
Microsoft y OpenAI
Es el caso más instructivo, porque ha recorrido en siete años, con nota de prensa en cada etapa, el camino que a los demás les llevó dos décadas. Microsoft puso mil millones de dólares en 2019 y unos trece mil millones en total hasta 2023. En octubre de 2025, OpenAI completó su conversión en sociedad de beneficio público: la fundación sin ánimo de lucro que gobernaba el proyecto conservó en torno al veintiséis por ciento, Microsoft se quedó cerca del veintisiete y el resto pasó a empleados e inversores. El 31 de marzo de 2026, OpenAI cerró una ronda de 122.000 millones de dólares, la mayor de su historia, que la valoró en 852.000 millones. Un mes después, el 27 de abril, las dos empresas reescribieron su acuerdo. Azure dejó de ser la nube exclusiva de OpenAI, aunque sigue siendo la principal. OpenAI seguirá pagando a Microsoft una parte de sus ingresos hasta 2030, ahora con un tope total; la prensa económica la sitúa en el veinte por ciento, y el comunicado oficial se limita a decir que el porcentaje no cambia. Microsoft conserva hasta 2032 una licencia, ya no exclusiva, sobre sus modelos. OpenAI prepara ahora su salida a bolsa.
Palantir
Se fundó en 2003 con dinero de Peter Thiel, y entre sus primeros inversores figuró In-Q-Tel, el fondo de capital riesgo de la CIA. Vende programas de integración y análisis de datos —Gotham, Foundry, Apollo— a ejércitos, policías y servicios de inteligencia, y desde hace unos años también a grandes empresas. En el segundo trimestre de 2026 facturó 1.935 millones de dólares, un noventa y tres por ciento más que un año antes, según el informe que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores. Su relación con el Estado que la vio nacer cabe en dos contratos. En 2025, unos treinta millones del servicio de inmigración y aduanas para una plataforma de seguimiento de personas migrantes casi en tiempo real. En febrero de 2026, un acuerdo marco de hasta mil millones y cinco años de duración con el Departamento de Seguridad Nacional, que permite a sus agencias, entre ellas las de inmigración y fronteras, comprar productos de Palantir sin convocar un concurso para cada compra. Aquí solo consta la genealogía: una empresa nacida con dinero de los servicios de inteligencia es hoy pieza central de la infraestructura de datos del Estado que la financió.
Lo que dicen que buscan
Ninguna de las cinco se presenta como propietaria de un territorio. Se presentan como proveedoras de servicios. Sus propias palabras, pronunciadas este año ante tribunales, accionistas y prensa, no necesitan interpretación.
Google sostiene ante el tribunal de apelaciones que construyó «un buscador superior» a base de trabajo, innovación y decisiones comerciales acertadas, y que ganó limpiamente. Meta respondió al recurso de la Comisión Federal de Comercio que la sentencia reconoce la competencia feroz a la que se enfrenta. Andy Jassy, consejero delegado de Amazon, dijo a sus inversores en agosto que la nube podría convertirse con el tiempo en un negocio de un billón de dólares de ingresos al año. Alex Karp, al frente de Palantir, celebró su trimestre anunciando que la demanda de soberanía en inteligencia artificial se ha desatado. OpenAI, al cerrar su ronda de marzo, escribió que ese capital está levantando la capa de infraestructura de la inteligencia misma.
Por debajo de los matices, las cinco comparten una tesis: la escala es la condición de la innovación, sin concentración de capital no hay investigación de frontera, y la regulación europea encarece el acceso sin proteger a nadie. Es un argumento, y como tal se responde.
La última frase de OpenAI dice con las palabras del propietario lo que este capítulo sostiene con las suyas.
En 2019, un laboratorio sin ánimo de lucro, fundado para que la inteligencia artificial general beneficiara a toda la humanidad, pedía dinero a Microsoft para poder entrenar sus modelos. En 2026 vale 852.000 millones de dólares, su antiguo mecenas posee más de una cuarta parte y la fundación que debía custodiar la misión, algo menos. Nadie mintió por el camino. Cada paso se anunció, se negoció y obtuvo el visto bueno de las fiscalías generales de California y Delaware. No hizo falta ninguna conspiración. Bastó con hacerlo a la vista.
Entre quienes pusieron dinero en aquella ronda de marzo estaban Amazon, Nvidia y Microsoft. Los propietarios no solo compiten entre sí. Se financian unos a otros, se alquilan servidores unos a otros, se disputan clientes por la mañana y comparten accionariado por la tarde.
Ese es el mapa: quién posee y cómo llegó a poseerlo. Falta lo que ningún mapa enseña, que es cuánto paga quien vive dentro.
El interruptor
El 20 de octubre de 2025, a las tres menos doce de la madrugada en la costa este de Estados Unidos, un registro de Amazon quedó vacío en un centro de datos del norte de Virginia. Durante las quince horas siguientes, media internet estuvo buscando una dirección que ya no existía.
Dejaron de funcionar Snapchat, Fortnite, Duolingo, Coinbase, Venmo, Alexa, Prime Video, partes de Microsoft 365 y varios bancos británicos. En España, usuarios y operadores notificaron caídas en servicios de BBVA, Movistar y Orange. También ChatGPT. Según el informe posterior de la propia Amazon, el origen fue un error latente de sincronización en el sistema automático que gestiona los nombres de dominio de DynamoDB, su servicio de bases de datos. No hubo ataque ni sabotaje. La resolución de nombres se recuperó en menos de tres horas; el último de los servicios afectados volvió a las dos y veinte de la tarde, hora del Pacífico. Todo salió de una sola región de un solo proveedor.
Ese día se vio lo que casi nunca se ve. La infraestructura digital de medio mundo tiene un interruptor, y está dentro de una empresa.
Primer mecanismo: la renta
El vendedor que abría este capítulo entrega a Amazon más de la mitad de lo que factura y no puede marcharse. Su caso se repite en cada mercado donde la plataforma es a la vez la tienda y el único camino hacia el comprador. En las tiendas de aplicaciones, la comisión estándar ronda el treinta por ciento, y los litigios de los últimos años a ambos lados del Atlántico han girado sobre una pregunta mínima: si el desarrollador puede avisar a su cliente de que fuera de la tienda hay un precio mejor. La Comisión Europea multó a Apple con quinientos millones de euros en abril de 2025 por impedirlo.
El caso más limpio, sin embargo, es el del periodismo, porque allí la renta se cobra en atención.
Desde que Google incorporó a sus resultados resúmenes generados por inteligencia artificial, el tráfico que los medios reciben del buscador cae. Las mediciones no coinciden. Digital Content Next, asociación de editores estadounidenses, encuestó a diecinueve de sus miembros en 2025 y obtuvo una caída mediana del diez por ciento. La consultora Seer Interactive midió ese mismo año un desplome del sesenta y uno por ciento en la tasa de clics orgánicos de las búsquedas con resumen. Un experimento aleatorizado con 1.065 usuarios estadounidenses, firmado por investigadores de la Indian School of Business y de la Universidad Carnegie Mellon, cifró en abril de 2026 la pérdida de clics en un treinta y ocho por ciento; es un borrador de trabajo, todavía sin revisión por pares. Métodos distintos, magnitudes incompatibles, dirección unánime. Hay consenso en el signo y dispersión grosera en la cuantía, y quien cite una sola cifra elige la que le conviene.
La serie que mejor resiste no mide a un sector sino al conjunto. Según SparkToro, con datos del panel de Similarweb, las búsquedas de Google en Estados Unidos que terminan sin un solo clic hacia otra web pasaron del 60,45 por ciento en 2024 al 68,01 entre enero y abril de 2026. Ese tráfico no pasó a un competidor. Se evaporó.
La mecánica cabe en seis pasos. Un medio escribe un artículo. Google lo indexa. Google resume su contenido en su propia página. El lector se queda con el resumen. El medio pierde la visita y el ingreso publicitario que la acompañaba. Y sigue necesitando aparecer en Google, porque fuera de Google no existe. No hubo contrato que negociar ni precio que discutir.
Un señor feudal tampoco negociaba el diezmo. Lo anunciaba.
Segundo mecanismo: la dependencia sin salida
En el segundo trimestre de 2026, Amazon tenía el veintiocho por ciento del mercado mundial de infraestructura de nube, Microsoft el veinte y Google el quince, según Synergy Research. Entre los tres, el sesenta y tres por ciento. Sobre ese suelo funcionan hospitales, bancos, ayuntamientos, universidades y casi cualquier empresa que no tenga servidores propios.
Cambiar de proveedor es posible sobre el papel. En la práctica, migrar una arquitectura entera cuesta años y millones, y las tarifas por sacar los datos propios de una nube estaban pensadas para que la cuenta no saliera. El Reglamento de Datos europeo, aplicable desde septiembre de 2025, las limita a su coste real y las prohíbe por completo a partir de enero de 2027. Los tres grandes se adelantaron en 2024 y las suprimieron para el cliente que se marcha. Es una buena norma, y llega quince años después de que la dependencia se consolidara.
Más que la factura, importa lo que hay dentro. Un Estado europeo que aloja historias clínicas, registros fiscales o comunicaciones policiales en servidores de una empresa sujeta a las leyes de otro país ha cedido algo más que espacio en disco. Europa empezó a tratar la nube como infraestructura crítica con la directiva NIS2, que desde 2024 obliga a sus proveedores a cumplir requisitos de seguridad y a notificar incidentes. Ninguna norma resuelve todavía lo esencial: que la continuidad de un servicio público dependa de un registro de nombres en Virginia.
Tercer mecanismo: la factura trasladada
El tercero es el más reciente, y el que antes llegará a la discusión política europea, porque se paga en el recibo de la luz.
Entrenar y servir modelos de inteligencia artificial consume electricidad en cantidades para las que la red no estaba dimensionada. En febrero de 2026, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft preveían gastar entre todas unos 650.000 millones de dólares este año, sobre todo en centros de datos. En PJM, la mayor red eléctrica de Estados Unidos, que abastece a más de sesenta y siete millones de personas en trece estados, el precio mayorista pasó de 77,78 dólares por megavatio hora en el primer trimestre de 2025 a 136,53 en el de 2026: un setenta y seis por ciento más. Lo publicó en mayo Monitoring Analytics, el supervisor independiente de ese mercado, que atribuye a la demanda de los centros de datos 13.000 millones de dólares de sobrecoste para los consumidores en las dos últimas subastas de capacidad.
Precio mayorista y factura doméstica no son lo mismo. El primero es el insumo principal de la segunda, y llega al recibo con meses de retraso.
Europa va por detrás, en la misma dirección. En Irlanda, según la Oficina Central de Estadística, los centros de datos consumieron en 2023 el veintiuno por ciento de la electricidad medida del país, más que todos los hogares urbanos juntos. En España, Bank of America estimaba en agosto de 2026 que los centros de datos demandarán unos 21 teravatios hora al final de la década, en torno al ocho o nueve por ciento de lo que consume hoy el país, con la mayor parte de la capacidad concentrada en Madrid. El porcentaje es cálculo propio sobre la demanda nacional reciente, y la cifra de partida es una proyección de analistas financieros: hipótesis razonable, no medición.
La estructura del traslado no depende de esa proyección. En un mercado marginalista como el español, la demanda nueva presiona al alza el precio que fija la última central en entrar. El centro de datos firma su suministro a largo plazo y a precio cerrado. Los hogares con tarifa regulada pagan el mercado diario casi en directo; los del mercado libre, en la siguiente revisión de su contrato. El beneficio se privatiza por contrato; el sobrecoste se socializa por diseño del mercado.
Ha empezado a haber respuesta. El 14 de julio de 2026, la gobernadora Kathy Hochul anunció que Nueva York dejará de conceder durante un año nuevos permisos a centros de datos de cincuenta megavatios o más, la primera moratoria de un estado norteamericano. Según el observatorio Data Center Watch, solo en el primer trimestre de 2026 la oposición vecinal bloqueó o retrasó en Estados Unidos al menos setenta y cinco proyectos, por unos 130.000 millones de dólares. Ahí la discusión deja de ser abstracta y se convierte en una pregunta de pleno municipal: de quién es el agua y quién paga la luz.
La versión más honesta del argumento contrario
Tiene partes verdaderas, y hay que formularlas enteras.
Primera: estas empresas compiten, y compiten en serio. En el feudo nadie perdía la tierra por servir peor que el vecino. Microsoft ha perdido la exclusividad de OpenAI. Meta ganó en primera instancia porque TikTok y YouTube le disputan la atención, y aunque la sentencia esté recurrida, describe un mercado real. Y Mehta suavizó los remedios contra Google porque, a su juicio, la irrupción de la inteligencia artificial generativa había cambiado el rumbo del caso.
Segunda: los servicios son reales y han abaratado cosas que antes eran caras. Una empresa de diez personas accede hoy a capacidad de cálculo que en 2005 solo estaba al alcance de una multinacional. Un artesano de un pueblo de Teruel vende en Alemania. La comisión que cobra la plataforma retribuye una demanda que la plataforma creó.
Tercera, la más incómoda para quien escribe este capítulo: la regulación que se propone contra la concentración tiende a consolidarla. El coste de cumplir el edificio normativo europeo —protección de datos, servicios digitales, inteligencia artificial— lo absorbe sin pestañear quien factura cientos de miles de millones, y pesa como una losa sobre un competidor europeo de veinte empleados. Vista así, parte de esa regulación ha funcionado como un foso, pagado con dinero público, alrededor del castillo que pretendía asaltar.
Respondo a las tres.
A la primera: que los señores compitieran entre sí nunca fue noticia para el siervo. El feudalismo europeo fue, entre otras cosas, varios siglos de guerra entre propietarios. La prueba decisiva es otra, y consiste en saber si quien depende de ellos tiene alternativa. El vendedor no la tiene. En la nube, los tres grandes se disputan cuotas con dureza mientras los que más crecen detrás —Oracle, CoreWeave y algunos más— lo hacen desde cuotas de un solo dígito. Competencia arriba, ausencia de salida abajo: eso no desmiente la tesis. La describe. En cuanto al argumento de Mehta, si mañana un asistente conversacional desplaza al buscador, el peaje cambiará de ventanilla sin desaparecer, porque esos asistentes pertenecen a los mismos cinco nombres o se alquilan su capacidad de cálculo.
A la segunda: nadie discute que el servicio exista. Se discute quién fija sus condiciones y con qué procedimiento. La comisión de una tienda de aplicaciones y el acceso al tráfico de búsqueda no se negocian: se notifican, cambian sin aviso y no admiten recurso ante nadie que no sea el propio cobrador. Por eso, aunque retribuya un servicio real, funciona como renta y no como precio, en el sentido que fijó la escena del vendedor.
A la tercera, concedo casi todo. Las multas del Reglamento de Mercados Digitales se pagan como un coste operativo más, y el papeleo del resto del edificio lo costean mejor los grandes que sus rivales. Eso es un argumento contra regular mal. Las dos medidas que han movido algo tienen en común que no multan: la limitación de las tarifas de salida de la nube y la obligación de dejar que el desarrollador informe de precios externos. Redistribuyen la capacidad de marcharse.
Y concedo también el límite del propio término. Ningún feudo cotizaba en bolsa ni podía perder la mitad de su valor en una mala jornada de mercado; estas empresas sí. «Tecnofeudalismo» sirve como diagnóstico de una relación, no como analogía histórica, y quien lo use como analogía tendrá que defender cosas que no son ciertas.
Veredicto
La objeción humanista no apunta al tamaño de estas empresas, ni a sus beneficios, ni al carácter de sus fundadores. Es más estrecha y más seria.
Una dignidad que depende de la buena voluntad del propietario no es dignidad. Es tolerancia. Y la tolerancia se retira sin explicaciones: lo comprobó el medio que una mañana vio desaparecer a una parte de sus lectores, el vendedor al que le subieron la tarifa de almacén, el desarrollador al que le cambiaron las reglas de la tienda tres semanas antes de lanzar, y cualquiera que el 20 de octubre de 2025 intentó pagar con el móvil.
De ahí salen tres criterios. Son posición de este libro, y se pueden comprobar uno por uno. El primero es la salida: una relación es libre cuando marcharse es materialmente posible, no cuando está permitido en teoría. El segundo es la legibilidad: quien depende de una regla tiene derecho a conocerla, a que no cambie sin aviso y a recurrirla ante alguien que no sea su dueño. El tercero es el estatuto de lo común: cuando una infraestructura sostiene la sanidad, la banca y la administración, su continuidad deja de ser asunto privado, y hay que decidir en público si se regula, se obliga a compartir o se construye aparte.
Ninguno se cumple hoy. Ninguno es utópico. Los tres se aplicaron antes a la electricidad, al ferrocarril y al teléfono; costaron décadas y los arrancó gente que no tenía el poder de su lado.
No hay cierre tranquilizador disponible. La concentración se está acelerando, y los instrumentos para corregirla avanzan al ritmo de un procedimiento administrativo mientras el capital se mueve al de una ronda de financiación. El recurso de Google puede tardar dos años. En dos años se construyen los centros de datos.
Lo que de verdad está en disputa es si llegaremos a esa discusión habiendo entendido de qué va. Durante veinte años se discutió el uso: si los teléfonos distraen, si las redes polarizan, si hay que dejar que cada web nos rastree. Mientras tanto se decidía la propiedad. Cambiar de conversación no garantiza nada. No cambiarla garantiza el resultado.
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