Inteligencia artificial e internet

Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 3 · ampliación

Un modelo de lenguaje no flota en la nube: alguien paga el cálculo que lo entrena, reúne los datos que lo alimentan y contrata la energía que lo sostiene, y esas tres llaves llevan camino de acabar en las mismas pocas manos. Esa concentración no es un efecto secundario del progreso técnico. Es su forma de gobierno, la más nueva y la menos debatida. Quien es dueño de la infraestructura decide en qué condiciones trabajamos, compramos, discutimos y nos informamos, y quien genera ese valor no es dueño de nada de lo que produce. Varoufakis llamó tecnofeudalismo a esa relación. El nombre admite objeciones; lo que señala, no: el beneficio que nacía de competir cede el sitio a la renta que se cobra por dejar entrar. Se nos repite que la técnica tiene rumbo propio y que a la sociedad solo le queda adaptarse. Es la falacia más útil para quien manda. Cada decisión que se atribuye a la máquina la tomó antes quien la posee, y disfrazarla de destino es la manera más eficaz de que nadie la cuestione. Frente al modelo propietario no basta con denunciar: proponemos cómputo que responda ante alguien, modelos que cualquiera pueda auditar, datos gestionados como bien común. Lo que decide qué pensamos no puede tener dueño.

Seis días

El 30 de julio la Unión Europea abrió la convocatoria para construir hasta siete gigafactorías de inteligencia artificial. Unos diez mil millones de euros de dinero público, repartidos entre Bruselas y los Estados que entren en proporciones que se fijarán proyecto a proyecto, con la expectativa de arrastrar más de veinte mil millones privados. El plazo cierra el 12 de noviembre y la selección llegará a principios de 2027. España concurre con una candidatura conjunta de dos sedes, Móra la Nova y San Fernando de Henares, y el 21 de septiembre anunció un plan propio, IA360, de hasta cinco mil millones entre fondos públicos y privados, con cien mil aceleradores previstos para 2028 o 2029.

El otro lado de la hoja. Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta han comunicado a sus inversores un gasto conjunto de unos 725.000 millones de dólares en 2026. El año pasado fueron 410.000. Casi todo va a centros de datos, procesadores y energía.

Hay que hacer la división aunque dé pereza. Los diez mil millones públicos europeos equivalen a lo que esas cuatro empresas gastan en menos de seis días. Contando los treinta mil completos, con el dinero privado dentro, se llega a dos semanas y media. Y la cuenta todavía favorece a Europa, porque la mayor parte de su dinero saldrá del presupuesto comunitario de 2028 a 2035, y el de ellas es el gasto de doce meses.

Más interesante que el tamaño es qué compra cada uno. Europa compra tiempo de cálculo en instalaciones que construirán y explotarán consorcios dirigidos por la industria, con el dinero público haciendo de primer cliente para que el riesgo de la inversión lo asuma otro. De si eso convierte a alguien en dueño de algo depende casi todo lo demás.

El enchufe

Las cifras de gasto son lo que las empresas anuncian a sus inversores. Valen como intención firme y todavía no como obra hecha. Hay una capa del asunto, en cambio, donde la intención choca con la física.

La Agencia Internacional de la Energía, cuyas cifras de consumo salieron ya en el primer punto, lo resume en su informe de abril de 2026 con una frase que firmaría cualquier ingeniero de distribución: la velocidad de la inteligencia artificial contrasta cada vez más con la de los sistemas físicos, sociales y económicos que la sostienen. El consumo actual es dato sólido. Las proyecciones son escenarios levantados sobre supuestos de adopción que pueden fallar en cualquier dirección, y citarlas como si fueran hechos es el primer error del debate.

Un procesador se compra en meses. Una acometida eléctrica de varios cientos de megavatios tarda años, entre permisos, suelo, agua para refrigerar y una red que ya tiene otros clientes esperando. Satya Nadella, presidente de Microsoft, admitió a finales de 2025 en una entrevista que tenía chips en el almacén que no podía enchufar por falta de edificios con potencia. El cuello de botella se ha mudado del silicio al enchufe.

Quien firma primero un contrato de conexión se queda con un sitio que el siguiente ya no puede comprar, por mucho dinero que lleve encima. Cuánto margen queda antes de que no quede sitio, no lo sé, y desconfío de quien lo diga con seguridad.

El inquilino

Se puede pagar por el uso de algo durante veinte años y no ser dueño de nada. Un inquilino puede pasarse la vida entera en la misma casa y seguir sin poder cambiar la cerradura.

Quien accede negocia dentro de un marco que fija otro: precio, disponibilidad, condiciones de uso, qué se puede construir encima y qué no. Quien posee fija el marco. Cuando una universidad, un hospital público o una empresa mediana entrenan o despliegan un modelo, lo hacen sobre infraestructura ajena, con reglas revisables en la siguiente renovación del contrato. Han comprado capacidad. La autonomía no venía en el lote. Nunca vino.

Varoufakis llamó tecnofeudalismo a esta relación y el término aguanta bien justo aquí. En el feudo tampoco faltaba actividad económica. Faltaba la posibilidad de discutir de quién era la tierra.

Hay una segunda capa, peor de ver que la eléctrica. Cientos de millones de personas han empezado a preguntar por su salud, su dinero, su trabajo y sus creencias a un puñado de sistemas que devuelven una respuesta ya redactada, sin las fuentes descartadas y sin la discusión que llevó a esa formulación y no a otra. No hace falta prohibir una idea si se consigue que no aparezca. La censura deja huella y fabrica adversarios. El orden por defecto no deja ninguna, porque nadie echa de menos lo que no supo que existía.

Un humanismo laico se sostiene sobre una apuesta modesta y exigente: que las personas pueden juzgar por sí mismas si tienen acceso al material del juicio. Le basta con poder mirar cómo se llegó a la respuesta, aunque la respuesta sea mala. Cuando la mediación entre una pregunta y su contestación es propiedad privada y opaca, no se pierde la libertad de opinar, que nunca se ejerció tanto; se pierde la posibilidad de rastrear de dónde viene lo que uno opina. Y una convicción que no se puede rastrear se parece demasiado a una convicción prestada.

La versión más honesta del argumento contrario

Entrenar un modelo de frontera exige una concentración de capital, talento y energía que ninguna administración europea puede reunir hoy, y un intento público produciría, con dinero de los contribuyentes, algo peor que lo que ya circula gratis. Y regular deprisa castiga sobre todo a quien no tiene departamento jurídico: la empresa grande absorbe el coste de cumplir sin despeinarse y la pequeña no, de modo que cada vuelta de tuerca consolida a quien ya manda. Es un argumento serio y lo sostiene gente que no cobra por sostenerlo.

La escala explica por qué hace falta concentrar recursos. Sobre a quién deben pertenecer esos recursos no dice nada. La red eléctrica y el ferrocarril también exigieron dimensiones imposibles para cualquiera por separado, y se resolvieron con inversión pública, con propiedad pública o con regulación de servicio esencial según el sitio y la época. El CERN se fundó en 1954 porque ningún país europeo podía pagarse solo un acelerador de partículas. Cómo se financia algo y de quién es son dos preguntas distintas, y mezclarlas conviene siempre al mismo lado.

El segundo argumento se desmonta mirando qué se aplazó. El Reglamento (UE) 2026/1744, el ómnibus digital, se publicó el 24 de julio de 2026 y entró en vigor tres días después. Las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del anexo III pasan de agosto de 2026 a diciembre de 2027, y las del anexo I a agosto de 2028. Hay que ser exacto, porque los titulares no lo fueron. Las prácticas prohibidas siguen exigibles, y el ómnibus incluso añade dos. Siguen también las obligaciones de los modelos de propósito general. La transparencia del artículo 50 se mantiene, con una prórroga hasta diciembre de 2026 para marcar el contenido generado por sistemas que ya estaban en el mercado. Pero el anexo III es la lista de los sistemas que deciden sobre biometría, educación, contratación, acceso a prestaciones públicas y justicia. Lo que se retrasó dieciséis meses es la parte que protege a las personas de las decisiones automáticas que las afectan. El papeleo que ahoga a la empresa pequeña sigue donde estaba.

Una ley que se aplaza cada vez que quien debe cumplirla alega que no le ha dado tiempo deja de ser una ley. Pasa a ser una fecha en la que se acordó volver a hablar del asunto.

Los datos cambian de destino

Que los datos sean propiedad se comprueba cuando cambian de uso sin cambiar de dueño.

En julio de 2026, más de veinte fiscales generales estadounidenses, que llevaban un año pleiteando contra el Gobierno federal, presentaron ante un tribunal de California documentación según la cual los servicios de Medicaid, el programa sanitario público para personas con pocos recursos, entregaron indebidamente al servicio de inmigración, en enero, registros de millones de personas: direcciones, fechas de nacimiento y, en algunos casos, situación administrativa. El servicio de inmigración los compartió después con Palantir, cuya aplicación muestra a los agentes las direcciones de personas a las que se podría expulsar. Uno de los ficheros incluía a ciudadanos estadounidenses; otro, a residentes legales. Según una declaración jurada, parte de los datos circuló por un chat de Microsoft Teams. El servicio de inmigración asegura que borró el fichero, pero una búsqueda posterior encontró media docena de usuarios que aún conservaban copia. Palantir respondió que la base se depuró siguiendo instrucciones del Gobierno. El juez suspendió en mayo ese intercambio y el litigio sigue abierto, así que lo firme es el traspaso y el procedimiento judicial, no todavía su calificación.

Alguien dio su dirección para que le atendieran en una consulta, y esa dirección apareció después en otra pantalla, con otra finalidad, delante de gente a la que no conoció. Zuboff describió ese proceso, el comportamiento humano convertido en materia prima, como capitalismo de vigilancia. Es la otra mitad del mismo asunto: el tecnofeudalismo nombra la propiedad y el capitalismo de vigilancia nombra el procedimiento de extracción.

La limitación de finalidad, esa regla de manual de protección de datos según la cual lo recogido para una cosa no sirve para otra, es lo único que separa un servicio público de un expediente. Una linde sin valla ni guardia, que se cruza el día que a alguien le conviene cruzarla.

De ahí las tres exigencias. Cómputo público significa infraestructura de propiedad pública; financiar con dinero de todos una instalación ajena y comprarle después el uso es otra cosa y conviene llamarla por su nombre. Que sea auditable quiere decir que los pesos del modelo, los datos de entrenamiento y los resultados de evaluación pueda examinarlos alguien que no dependa de quien lo fabricó; sin eso, transparencia es una palabra de folleto. Comunes significa gestión colectiva por quienes generan y usan el recurso, ni propiedad privada ni monopolio estatal, la tercera vía de la que casi nadie habla porque obliga a explicarla. Elinor Ostrom se llevó el Nobel de Economía de 2009 en buena parte por explicarla, y entre sus casos de estudio estaban los regantes de la huerta de Valencia, que llevan siglos repartiéndose el agua sin ser dueños del río.

Ninguna empresa va a ceder una posición que le ha costado cientos de miles de millones porque un texto se lo pida con buenos modales. Y esperando tampoco llega: la infraestructura no se vuelve pública sola, y la técnica no corrige por su cuenta el reparto que ella misma produjo.

Cuarenta mil millones de parámetros

Ya se hizo una vez, en pequeño y con el dinero justo.

ALIA es una familia de modelos de lenguaje entrenada en el MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center, que coordina el proyecto, con financiación íntegramente pública. El mayor, ALIA-40B, tiene cuarenta mil millones de parámetros y pasó más de ocho meses en la máquina. Los pesos están publicados. También se pueden descargar los corpus de entrenamiento, incluidos los de catalán, gallego y euskera, y hay modelos de traducción para aranés, aragonés y asturiano, lenguas que a ningún departamento comercial del mundo le compensa atender.

El tamaño hay que decirlo entero, porque inflarlo sería hacerle un favor envenenado. Cuarenta mil millones de parámetros no compiten con los modelos de frontera y probablemente no lo hagan nunca. Lo que hace ALIA es desmentir el argumento que sostiene todo lo demás: que un sistema así solo puede existir siendo propiedad de alguien.

Nada de eso lo trajo la técnica. Lo trajeron investigadores del BSC que pidieron horas de máquina, una secretaría de Estado que firmó la partida y la Real Academia Española, que colaboró con material propio. Decidieron que el dinero público comprara algo abierto, y fue una decisión que podía no haberse tomado.

Ocupa muy poco sitio todavía. Que ocupe más dependerá de que esa decisión se vuelva a tomar en el siguiente presupuesto y en el siguiente pliego, por gente que no sabrá si está ganando.

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