Fronteras abiertas: migración y solidaridad

Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 11 · ampliación

El pasaporte es la herencia que más condiciona una vida entera, y nadie eligió el suyo: decide si un viaje es un billete de avión o una travesía con una probabilidad razonable de no llegar. Ningún mérito ni ninguna culpa explica esa diferencia; solo el azar de haber nacido a un lado u otro de una línea que alguien trazó. Llamamos a las cosas por su nombre. No existen personas ilegales: existe una situación administrativa irregular que se trata como un delito sin serlo, para poder encerrar en centros de internamiento, deportar y disuadir con la ley de por medio. Defendemos la libertad de movimiento como derecho, no como excepción humanitaria que se concede caso por caso y se retira en cuanto conviene en campaña. Un derecho sujeto a la conveniencia de quien lo concede se convierte en limosna con forma de ley. Sabemos que hoy el viento sopla en contra, en Europa y en Estados Unidos, y que esta es la posición más incómoda de todo el manifiesto. La escribimos entera. Quien huye de una guerra, de una sequía o de un salario imposible hace exactamente lo que haríamos nosotros, y lo que hicieron nuestros abuelos camino de Alemania, de Francia o de Buenos Aires.

En agosto, desde la playa del Puerto, el horizonte es una raya limpia y nadie mira más allá. Detrás de esa raya, a menos de doscientos kilómetros, está Ibiza. Entre Ibiza y la costa argelina, de enero a mayo de 2026, murieron o desaparecieron 507 personas.

Es el mismo mar en el que me baño.

La cifra es de Caminando Fronteras, que cuenta a partir de las llamadas de auxilio y de lo que relatan las familias, y supera en un 54,6 % la del mismo tramo de 2025. La Organización Internacional para las Migraciones, que solo anota lo que puede confirmar, da números más bajos: 879 muertos y desaparecidos en todas las rutas hacia España entre enero y mediados de septiembre. La distancia entre las dos cuentas tiene una explicación sencilla. Cuando una barca se hunde sin testigos, el muerto existe para su madre y para la estadística no. Hay que leer las dos fuentes y desconfiar de quien solo cita la que le consuela.

La herencia que nadie elige

El pasaporte es la herencia que más condiciona una vida, y eso se puede medir. El índice que publica cada año la consultora Henley & Partners con datos de las aerolíneas, un producto comercial pero comprobable, concedía en 2026 al pasaporte de Singapur la entrada sin visado previo en 192 destinos y al afgano en 24. Entre uno y otro median 168 destinos. En 2006 la distancia entre el primero y el último era de 118. En veinte años, la desigualdad para moverse por el mundo ha crecido más de un 40 %.

El pasaporte español figura entre los diez primeros. No hice nada para merecerlo, salvo nacer donde nací.

Joseph Carens, un politólogo canadiense, publicó en 1987 un artículo que sacó la defensa de las fronteras abiertas de los márgenes y la sentó en la mesa de la filosofía política. La idea le vino de joven, buscando tema para un seminario, mientras leía cómo los guardacostas de Reagan interceptaban en alta mar barcas de haitianos y las devolvían a Puerto Príncipe. Le pareció cruel, temió a la vez que una inmigración sin límites desbordara a Estados Unidos, y descubrió que los filósofos apenas habían escrito sobre ello. Su comparación más conocida resulta incómoda para quien se tiene por demócrata: la ciudadanía de los países ricos funciona hoy como funcionaba el privilegio feudal, un estatus heredado que decide por adelantado las oportunidades de una vida. Para llegar ahí examinó tres tradiciones que discrepan en casi todo, la de Rawls, la de Nozick y la utilitarista, y vio que ninguna ofrecía una razón para cerrarle la puerta al extranjero que no sirviera también para cerrársela al compatriota pobre.

Este manifiesto ha llamado tecnofeudalismo al dominio de unos pocos sobre el cómputo y los datos. Sería raro denunciar el feudo digital y dar por natural el feudo de nacimiento.

La Declaración Universal de 1948 recoge la asimetría sin disimularla. Su artículo 13 reconoce a toda persona el derecho a salir de cualquier país, incluido el suyo, y a regresar al propio. De entrar en uno ajeno no dice nada, y el artículo 14 se queda en el derecho a buscar asilo. Una puerta de salida que da a un descampado.

Hay un antecedente que en España tenemos la obligación de recordar. En 1539, en Salamanca, Francisco de Vitoria defendió en su relección sobre los indios que el derecho de gentes amparaba a cualquiera para viajar a tierras ajenas y quedarse a vivir en ellas: el ius peregrinandi et degendi, derecho a peregrinar y a morar. Se discute cuánto lo limitaba el propio Vitoria, pero su uso inmediato fue uno solo: dar título jurídico a la presencia española en América. La libertad de movimiento entró en nuestra tradición como derecho de quien llegaba armado. Cinco siglos después, cuando el viaje va en dirección contraria y sin armas, lo llamamos invasión.

Encerrar, deportar, disuadir

El manifiesto sostiene que la situación administrativa irregular se ha convertido en un delito encubierto. Tiene un mecanismo, y no es un descuido de la administración.

El antropólogo Nicholas De Genova le puso nombre en 2002: deportabilidad. La ley de extranjería expulsa a una minoría, pero coloca a todos los demás bajo la amenaza permanente de la expulsión, y esa amenaza tiene efectos económicos. Quien puede ser deportado mañana no denuncia al patrón que le debe las horas ni se acerca a un sindicato. Trabaja más barato y calla. Vista así, la irregularidad funciona como disciplina laboral con uniforme de política fronteriza. Es una tesis interpretativa y nadie la ha medido de forma directa. Explica bien, eso sí, por qué los sectores que más dependen de ese trabajo conviven durante décadas, sin escándalo, con su clandestinidad.

Los tres verbos describen hoy políticas con presupuesto.

Encerrar. El 24 de enero de 2026 el servicio de inmigración estadounidense tenía a 70.766 personas detenidas, según sus propios datos, la primera vez que pasaba de setenta mil. Según el investigador Austin Kocher, el 48 % de la población detenida carecía de antecedentes penales registrados. La ley presupuestaria aprobada por el Congreso en 2025 reservó 45.000 millones de dólares solo para ampliar plazas de detención.

Deportar. Entre octubre de 2025 y principios de abril de 2026, ese mismo servicio ejecutó 234.236 expulsiones, frente a 134.500 un año antes.

Europa hace lo mismo con mejores modales. El Pacto de Migración y Asilo se aplica en toda la Unión desde el 12 de junio de 2026, y once días antes el Consejo y el Parlamento habían cerrado el acuerdo sobre un Reglamento de retorno que permite a los Estados abrir centros de retorno en terceros países. Italia ensaya la fórmula desde octubre de 2024 en Gjadër, en Albania. Una misión de observación de organizaciones italianas constató en octubre de 2025 que alrededor del 70 % de las personas trasladadas allí había vuelto a Italia porque los jueces no validaban su internamiento.

El 10 de febrero de 2026, un tribunal de Roma condenó al Ministerio del Interior a indemnizar con 700 euros a un argelino que llevaba unos diecinueve años en Italia. Tenía dos hijos menores y un proceso abierto en el tribunal de menores para poder verlos. Le dijeron que iba a Brindisi; acabó en Gjadër, tras veinte horas con bridas de plástico, y allí le quitaron el teléfono. Tenía antecedentes, más de veinte condenas según la prensa italiana, y Meloni se encargó de recordarlo. El tribunal dejó claro que no venían al caso: juzgaba un traslado sin motivo escrito que cortó el proceso para que viera a sus hijos.

Tampoco hay que fingir que todos los gobiernos europeos son iguales. El español ha rechazado usar esos centros por dudas sobre su legalidad. La diferencia es de grado, porque la contención en Mauritania o en Senegal que documenta Caminando Fronteras también se paga con dinero europeo, español incluido; pero los grados cuentan, y quien los borra le hace el trabajo a quien necesita que todo parezca lo mismo.

Disuadir, o cobrar en vidas

El tercer verbo sostiene a los otros dos. Si la frontera se endurece, se nos dice, vendrán menos y morirán menos. La primera mitad de la promesa a veces se cumple.

Entre enero y mediados de septiembre de 2026, según la OIM, las llegadas por mar a Europa cayeron un 39 % respecto al mismo periodo de 2025, mientras las muertes y desapariciones pasaban de 1.999 a 2.292. En el Mediterráneo central las llegadas bajaron un 55 % y las muertes subieron de 844 a 996. Caminando Fronteras describe lo mismo en la ruta hacia Canarias: un 72 % menos de llegadas en los cinco primeros meses, y la proporción de muertos pasó de unos catorce por cada cien llegadas a veintiuno. Cruza menos gente, y la que cruza sale de más lejos, en embarcaciones peores, por rutas que nadie vigila para rescatar.

Existe una versión más refinada del argumento disuasorio: el rescate en el mar funcionaría como reclamo. Eugenio Cusumano y Matteo Villa la pusieron a prueba en 2019 con los datos mensuales de salidas desde Libia entre 2014 y octubre de ese año, y no encontraron relación entre la presencia de barcos de rescate de las ONG y el número de salidas. Es un informe breve del Instituto Universitario Europeo y sus autores piden más datos. No conozco un análisis mejor, y contradice la idea que en Italia ha servido para llevar a juicio a quien rescata.

La disuasión no detiene el viaje. Lo empuja mar adentro.

La versión más honesta del argumento contrario

Tiene dos partes, y la segunda pesa más de lo que la izquierda suele admitir.

La primera es democrática. Una comunidad política decide sus impuestos, su lengua oficial y su sanidad; también, dice el argumento, quién se incorpora a ella. Michael Walzer lo formuló en 1983: sin capacidad de admitir y de excluir no hay comunidades con carácter propio, solo vecindarios por los que pasa cualquiera. Ese argumento no nace de la xenofobia y merece respuesta.

La segunda es material. El coste del ajuste no lo pagan quienes celebran la diversidad desde un barrio caro. Lo paga el peón que compite por el mismo jornal y la vecina que espera más en el mismo ambulatorio. En 2017 George Borjas reanalizó la llegada a Miami de unos 125.000 cubanos en 1980, que aumentó la población activa de la ciudad en un 7 %, y sostuvo que el salario de los hombres sin estudios secundarios cayó entre un 10 y un 30 %.

La autodeterminación democrática ya tiene límites que nadie discute: ningún Estado de la Unión puede devolver a un refugiado al país donde lo torturarán, por mucho que lo vote su parlamento. Y la propia Unión practica desde hace décadas la libertad de movimiento entre países con salarios muy distintos. Rumanía es la segunda nacionalidad entre los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en España, con 331.107 cotizantes en enero de 2026, y ningún pueblo español ha perdido su carácter por ello. La libertad de movimiento existe y funciona para los ciudadanos europeos. Lo que se discute es quién queda dentro de la línea.

Sobre los salarios, el dato de Borjas es la mitad de una disputa abierta. David Card había estudiado el mismo episodio en 1990 sin encontrar efecto apreciable. Michael Clemens y Jennifer Hunt mostraron después que la muestra de Borjas cambió de composición justo en esos años, con muchos más trabajadores negros de salario bajo, en parte por la llegada simultánea de haitianos y en parte por una mejora en la cobertura de la encuesta; corregido ese sesgo, el efecto casi desaparece. Borjas ha respondido y la discusión sigue. Mi lectura, que es una opinión informada: el efecto medio sobre los salarios de los trabajadores de aquí es pequeño o nulo, pero pequeño de media tampoco significa cero para todos, y fingirlo es regalar el argumento.

Lo que sí sé es de dónde sale la presión hacia abajo. Sale de la irregularidad. Un trabajador que no puede denunciar rebaja el suelo de todos los que trabajan a su lado. La forma más eficaz de proteger el jornal del peón de aquí es que el de fuera tenga papeles, contrato y convenio. Y un ambulatorio saturado se arregla dimensionándolo para la gente que de verdad vive en su barrio, no para la que figura en los papeles.

Queda una incertidumbre que no voy a disimular. No sé a qué velocidad se puede abrir sin que la extrema derecha convierta cada llegada en combustible, y no conozco a nadie que lo sepa. Los modelos que calculan cuánto crecería la economía mundial sin barreras al trabajo, entre un 50 y un 150 % según la revisión que el mismo Clemens publicó en 2011, son hipótesis con márgenes enormes, y no los uso como argumento central: un derecho no necesita ser rentable para ser derecho. Por eso la agenda de este manifiesto pone el horizonte en 2050, con revisión cada cinco años.

Lo que hicieron nuestros abuelos

El sitio desde el que escribo existe porque llegó gente de fuera. En 1900 dos empresarios vascos, Ramón de la Sota y Eduardo Aznar, fundaron la Compañía Minera de Sierra Menera para sacar al mar el hierro de Ojos Negros, en Teruel, por un ferrocarril de 204 kilómetros. Junto al embarcadero, y después junto a los altos hornos, en una franja de marjal donde casi no vivía nadie, se levantó un pueblo de trabajadores venidos de las comarcas valencianas, de Aragón, de Castilla y de Andalucía. De aquellos hornos queda en pie uno, el número 2, el único que sobrevivió al desmantelamiento.

Medio siglo después el movimiento fue hacia el norte. Entre 1959 y 1973 salieron de España hacia Europa en torno a dos millones de personas, según la estimación más repetida. Hay fuentes que calculan que cerca de la mitad lo hizo de forma irregular, con visado de turista o cruzando el monte; es una estimación gruesa, de origen divulgativo, y la doy como tal. Hacían exactamente lo que hace hoy quien sale de Dajla o de la costa argelina.

Lo que ya se está haciendo

El 14 de abril de 2026 el Gobierno aprobó el Real Decreto 316/2026, que abrió una regularización extraordinaria para quien estuviera en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditara cinco meses de estancia continuada. El plazo se cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes, más del doble del medio millón que se había previsto. A 23 de julio, más de 822.000 expedientes estaban en tramitación, y la mera admisión ya da permiso provisional para residir y trabajar. A finales de agosto, unas 338.000 personas regularizadas por esta vía cotizaban a la Seguridad Social, donde los afiliados extranjeros sumaban 3,55 millones, el 15,9 % del total. Falta un dato y lo señalo: a mediados de octubre el ministerio no había publicado un balance nacional de resoluciones definitivas, y sin él nadie sabe cuántas acabarán en permiso.

No hay que inflarla. Es una amnistía administrativa para quien ya cruzó, con fecha de corte y certificado de antecedentes penales, y el manifiesto pide bastante más. Pero su origen enseña algo. El decreto recogió una iniciativa legislativa popular que el Congreso tomó en consideración el 9 de abril de 2024, por 310 votos contra 33, después de reunir más de 700.000 firmas. Esas firmas solo podían ponerlas personas con DNI. Las organizaron, en buena parte, colectivos de personas migrantes que no podían firmar.

La raya del horizonte sigue limpia y la ruta sigue detrás. Nada de lo escrito aquí la cierra, y en 2026 el viento sopla en contra a los dos lados del Atlántico. Pero ya sé qué forma tiene la esperanza en este punto del manifiesto. No la de un sentimiento: la de un impreso. Una firma recogida por quien no podía firmar, un expediente presentado en una oficina de Correos, cada uno de ellos empujando la línea unos centímetros.

El horno del Puerto lo levantaron forasteros. Sigue en pie.

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