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Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 13 · ampliación
Una afirmación vale por lo que la sostiene, no por lo bien que suena ni por cuánta gente la repite: la verdad no se decide por votación. Defendemos un Estado laico, que no negocia el contenido de una ley con ninguna iglesia ni financia con dinero público la fe de nadie. Cada cual cree lo que quiera, en su casa y en su templo, y con eso no manda en el hospital ni en el aula: solo así conviven todas las creencias sin que ninguna se imponga. Rechazamos el pensamiento mágico y las pseudociencias porque venden certeza donde solo hay evidencia provisional, y esa certeza falsa cuesta dinero, tiempo y a veces la vida de quien la compra. Tampoco aceptamos el movimiento contrario, el que iguala evidencia y opinión y llama libertad a esa igualación. Delante de un dato no todas las posturas pesan lo mismo, y fingir lo contrario es abandonar el criterio, por mucho que se vista de tolerancia. Asumimos la parte que nos obliga: decir qué sabemos, con qué grado de certeza y dónde se acaba. Cambiar de idea ante una prueba mejor es el método. El único que ha aprendido a corregirse a sí mismo.
El 23 de septiembre de 2011, en un auditorio del CERN lleno hasta los pasillos, un equipo de físicos presentó un resultado en el que ellos mismos no creían. Sus neutrinos habían salido de Ginebra, habían atravesado unos setecientos treinta kilómetros de roca hasta el laboratorio subterráneo del Gran Sasso y habían llegado sesenta nanosegundos antes de lo que permite la velocidad de la luz. Einstein, en entredicho. El equipo del experimento OPERA no anunció una revolución. Publicó los datos y pidió al resto del mundo que le encontrara el fallo.
Lo encontraron ellos, cinco meses después. Un conector de fibra óptica mal encajado entre el receptor GPS y una tarjeta electrónica del ordenador que fechaba las llegadas, y, por si fuera poco, un oscilador que derivaba. Dos errores pequeños que tiraban en sentidos contrarios, y el que ganaba adelantaba a los neutrinos. En marzo de 2012, otro experimento del mismo laboratorio, ICARUS, midió neutrinos que viajaban exactamente a la velocidad de la luz. A finales de ese mes, tras una votación de desconfianza dentro de la propia colaboración, dimitió el portavoz de OPERA, Antonio Ereditato, y con él dejó su cargo el coordinador del análisis, Dario Autiero.
La historia se cuenta a menudo como un ridículo. Yo la leo al revés. Un resultado espectacular, sostenido por un cable flojo, cayó en cuanto alguien fue a mirar el cable. Nadie votó. Nadie preguntó cuántas personas querían que Einstein se equivocara.
Un cable mal apretado tuvo a la relatividad en el banquillo durante cinco meses, y fueron los mismos que la habían sentado allí quienes bajaron a revisar la conexión.
La fe en los científicos sería otra superstición. Se equivocan por descuido, por vanidad y, sobre todo, porque su carrera premia lo llamativo antes que lo sólido. En agosto de 2015, la revista Science publicó el intento coordinado más ambicioso de comprobar una disciplina entera. Unos doscientos setenta investigadores, reunidos como Open Science Collaboration, repitieron cien estudios de psicología aparecidos en 2008 en tres revistas de primera fila. En los originales, noventa y siete de cada cien decían haber encontrado un efecto. En las repeticiones, solo lo encontró el treinta y seis por ciento, y con un tamaño medio que se quedaba en la mitad del anunciado. Dato sólido, publicado con nombre, método y año. Y escuece.
La versión más honesta del argumento contrario empieza justo aquí, y merece algo mejor que un gesto de impaciencia. Si un tercio de una disciplina prestigiosa no aguanta la repetición, si el mismo aparato que hoy invocamos sostuvo la craneometría y las leyes de esterilización forzosa que el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló en 1927, si un servicio público de salud dejó sin tratar a cientos de hombres negros con sífilis en Tuskegee entre 1932 y 1972 para ver qué pasaba, entonces la ciencia es una autoridad más, con mejor imagen pública, y pedir a la gente que confíe en ella es pedirle fe con otra ropa. Quien desconfía de una vacuna o de una consulta no siempre es un ignorante. A veces le han tratado con desdén, y su desconfianza tiene memoria.
Ese argumento acierta en más de lo que suele concederse. La institución científica ha servido al poder, con bata y con datos. El método, además, no produce valores por sí solo: puede medir con exactitud cuánto sufre un cuerpo sin decirnos por qué ese sufrimiento debería importarnos. Ahí el humanismo laico tiene trabajo propio que ningún laboratorio le va a hacer. Los hechos no contienen su ética. Pero una ética que prescinde de los hechos acaba en crueldad con buenas intenciones, y esa es la mitad que el argumento contrario olvida.
Olvida también algo más concreto. La crisis de replicación no la destapó ningún crítico externo. La destapó el método aplicado a sí mismo, con dinero y con doscientas setenta firmas. Brian Nosek, que coordinó el proyecto, lo presentó como una prueba de que la ciencia es capaz de corregirse. Tuskegee terminó cuando un trabajador del propio servicio sanitario lo filtró a la prensa, y la eugenesia perdió su coartada cuando la genética mostró que sus premisas eran falsas. La razón ofrece un mecanismo de corrección sin equivalente en ningún otro sistema de creencias, y ni siquiera ese mecanismo es limpio ni rápido. La homeopatía lleva más de dos siglos sin buscar su cable.
Las pseudoterapias venden certeza donde solo hay evidencia provisional, y eso se queda corto si no se explica por qué compran tantas personas. Hay que explicarlo sin desprecio. La pseudoterapia ofrece una hora de escucha donde la consulta pública ofrece minutos, ofrece una explicación completa donde la medicina dice «no lo sabemos todavía», y ofrece la sensación de que uno decide sobre su propio cuerpo. Son necesidades reales. Lo que se vende para cubrirlas es humo.
Ese humo se mide en supervivencia. En enero de 2018, un equipo de Yale publicó en el Journal of the National Cancer Institute el seguimiento de doscientos ochenta y un pacientes con cánceres no metastásicos de mama, próstata, pulmón y colon que eligieron solo tratamientos alternativos, comparados con quinientos sesenta pacientes de perfil equivalente que siguieron el tratamiento convencional. El riesgo de muerte de los primeros fue dos veces y media mayor. En el cáncer de mama, más de cinco veces. El nivel exacto importa: estudio observacional, muestra pequeña, sesgos de selección que los propios autores reconocen, y ninguna diferencia significativa en el cáncer de próstata. Un segundo trabajo del mismo grupo, en JAMA Oncology ese mismo año, apuntó en la misma dirección. Evidencia consistente, no definitiva. Y un detalle que desmonta el prejuicio cómodo: quienes eligieron la alternativa tenían, de media, ingresos y estudios por encima de los demás. No era ignorancia. Era un mercado.
España tiene desde noviembre de 2018 un Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, y el balance no favorece a nadie. En febrero de 2025, respondiendo a una pregunta escrita del Partido Popular, el Gobierno reconocía veintiún informes de evaluación publicados y otros diez a la espera de edición. La lista de técnicas no se tocaba desde abril de 2024, y el análisis de la homeopatía, iniciado en 2019, se había quedado varado con la pandemia; en noviembre de 2024 el secretario de Estado de Sanidad dijo que se estaba terminando de actualizar. Un plan razonable, puesto en marcha por un Gobierno progresista y frenado por ese mismo Gobierno. Quien firma este manifiesto no puede exigir rigor solo a los adversarios.
Pienso a menudo en la persona adulta que ha leído todo, ha entendido los números y elige igualmente el remedio sin eficacia para su propio cuerpo. La autonomía pesa, y la tentación de protegerla de sí misma también. Para ese caso no tengo una regla que no sacrifique una de las dos.
El otro extremo iguala evidencia con opinión y llama libertad a esa igualación. Hoy tiene sede en un ministerio.
El 9 de junio de 2025, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., destituyó a los diecisiete miembros del comité que asesoraba sobre vacunas a los Centros para el Control de Enfermedades. Los sustitutos votaron en diciembre, por ocho votos contra tres, retirar la recomendación universal de vacunar contra la hepatitis B al nacer. El 5 de enero de 2026, el Departamento de Salud rehízo el calendario vacunal infantil completo sin consultar siquiera a ese comité ya renovado, con el calendario de Dinamarca como modelo declarado. El servicio de investigación del Congreso lo tiene documentado paso a paso. El lenguaje que lo acompañó fue el de la libertad: que cada familia decida, que hay estudios para todo, que nadie imponga una verdad oficial. El 16 de marzo de 2026, a demanda de la Academia Americana de Pediatría, un juez federal de Massachusetts suspendió cautelarmente el nuevo calendario y los nombramientos del comité. La pelea sigue en los tribunales.
Mientras tanto, el sarampión. En 2025, Estados Unidos sumó 2.289 casos, con dos niñas muertas en Texas. A 24 de julio de 2026, el año ya llevaba 2.318, la cifra más alta desde 1991. La comisión regional de la Organización Panamericana de la Salud revisará en noviembre si Estados Unidos y México conservan el estatus de eliminación; Canadá lo perdió en noviembre de 2025. Dato con fecha de caducidad corta, pendiente de esa reunión.
El sarampión ha vuelto también aquí. El 26 de enero de 2026, la comisión europea de verificación de la OMS concluyó que la transmisión del sarampión se había restablecido en el país, libre de transmisión endémica desde 2016. Sanidad había confirmado 227 casos en 2024 y 397 en 2025, con coberturas altas en 2024: 96,7 % con la primera dosis y 93,8 % con las dos. Lo que separa los dos casos es lo que hace cada Estado con el dato. Aquí el Estado lo reconoce y actualiza el plan de eliminación. Allí el Estado lo cambió por una opinión, la publicó con membrete oficial e hizo falta un juez para suspenderla.
Hannah Arendt escribió en 1967, en Verdad y política, que la libertad de opinión se convierte en una farsa si la información sobre los hechos no está garantizada. Leída hoy, la frase describe lo que hace el relativismo cuando llega al poder: entrega el conocimiento a quien tiene el altavoz más grande, porque cuando todas las posturas pesan lo mismo, decide el volumen. Un hecho no necesita que nadie crea en él. Esa es su única defensa, y es la que el poder intenta quitarle.
Queda el Estado laico, y aquí los papeles son españoles. El artículo 16.3 de la Constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y en la frase siguiente nombra a una sola: la Iglesia católica, con la que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación. Cinco días después de que la Constitución entrara en vigor, el 3 de enero de 1979, el Estado firmó con la Santa Sede los acuerdos que siguen vigentes.
De ahí sale la casilla del IRPF. El 0,7 % de la cuota íntegra de quien la marca va a la Iglesia católica, y por el ejercicio 2024 fueron casi 430 millones de euros, según la memoria que la Conferencia Episcopal presentó el 11 de diciembre de 2025. La marcan unos tres de cada diez contribuyentes. En el último ejercicio con el desglose publicado, el de 2022, el 36,9 % de las declaraciones no marcó ninguna casilla. El borrador de cada primavera, por cierto, trae marcada la opción del año anterior, de modo que mucha gente renueva su elección sin haberla vuelto a pensar. De los mismos acuerdos sale que el profesorado de religión de la escuela pública lo proponga el obispado y lo pague el Estado, un esquema que el Tribunal Constitucional consideró compatible con la Constitución en 2007. Y de un artículo de la Ley Hipotecaria que permitía a los obispos certificar por sí mismos la propiedad de un inmueble, con el mismo valor que un documento público, salieron las 34.961 inmatriculaciones registradas entre 1998 y 2015. En enero de 2022, la Conferencia Episcopal admitió que cerca de un millar pertenecían a terceros o no le constaba su titularidad.
La objeción seria, aquí, la formuló Jürgen Habermas en 2006. Los ciudadanos creyentes tienen derecho a llevar sus convicciones al debate público en su propio lenguaje, y un laicismo que les exija callar es otra forma de intolerancia. Tiene razón, y nadie les pide ese silencio. Pero el propio Habermas añadía una condición: lo que se convierte en ley tiene que poder traducirse a razones que cualquiera pueda examinar, crea o no. Por ahí pasa la frontera que deja la fe fuera del hospital y del aula. Las comunidades musulmana, judía y evangélica han pedido en distintos momentos casillas propias en la declaración de la renta. La lógica de los privilegios siempre lleva a repartir más. La del Estado laico lleva a no repartir ninguno, y es la única que trata igual a todas las creencias, también a la de quien no tiene ninguna.
«Asumimos la parte que nos obliga», dice el manifiesto, y esa parte incluye las supersticiones de la propia casa. Una parte del ecologismo con el que compartimos calle sostiene sobre los cultivos transgénicos algo que la evidencia no respalda. En mayo de 2016, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos revisaron cerca de novecientas publicaciones y no encontraron pruebas fundadas de que los transgénicos comercializados supongan para la salud un riesgo distinto del de los cultivos convencionales. El informe reconocía la dificultad de detectar efectos sutiles a largo plazo y señalaba un problema agrícola serio, la resistencia de insectos y malas hierbas. Mantengo la afirmación sabiendo que irrita a gente que aprecio. La crítica legítima a esos cultivos apunta a otro sitio: a quién es dueño de la semilla y a la patente que obliga a comprarla cada año. Es una crítica de propiedad, coherente con lo que este libro dice del cómputo y de los datos. Disfrazarla de miedo al gen la debilita y regala el argumento a quien solo tiene que enseñar el informe.
Después de la crisis de replicación, un grupo de investigadores empujó un formato de publicación llamado informe registrado. El equipo envía a la revista la pregunta, el método y el análisis antes de recoger un solo dato, y la revista se compromete a publicar el resultado salga lo que salga. Es atarse las manos por adelantado: decir qué probaría que estás equivocado antes de saber si lo estás. En julio de 2023 lo ofrecían 278 revistas, una fracción mínima del total. Es poco. Es también cambiar de idea ante una prueba mejor, convertido en trámite de oficina.
Finlandia encabeza desde 2017 el índice europeo de resistencia a la desinformación que elabora el Instituto Sociedad Abierta de Sofía, y allí la alfabetización mediática empieza en la escuela infantil. Niños de cinco años que aprenden a preguntar de dónde sale lo que les cuentan. Votarán por primera vez hacia 2039, y alguien intentará convencerles de que una vacuna es cuestión de opinión. Habrán tenido trece años para aprender a preguntarle de dónde lo saca.
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