Un planeta vivo, no un recurso

Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 8 · ampliación

La batería de un coche eléctrico empieza en una mina de cobalto del Congo o en un salar de litio de Atacama. Sustituir una tecnología contaminante por otra con mejor imagen no resuelve nada si el volumen de extracción y consumo se mantiene intacto: solo desplaza el daño a un territorio con menos poder para negarse. Ese desplazamiento es el mecanismo real del crecimiento verde, que promete el mismo nivel de consumo con la conciencia tranquila y deja la mina en otra parte, lejos de quien decidió abrirla. Rechazamos el extractivismo, también en la versión que se presenta como su superación. No proponemos austeridad —sabemos de sobra quién la paga siempre—, sino decrecimiento selectivo: que decrezca lo superfluo, lo pensado para durar poco y venderse otra vez, para que crezca lo necesario, lo que hoy falta y no se mide en unidades vendidas. Un país no es más rico porque su producto interior suba mientras el territorio que lo sostiene se vuelve cada año menos habitable. Confundir crecimiento con progreso es el error de fondo de todo un siglo. La economía es un subsistema de la biosfera. El orden inverso no está disponible, ni siquiera en bolsa.

En el parque de bomberos número 6 de Livermore, California, cuelga del techo una bombilla que se encendió en 1901. El sábado 6 de junio de 2026 el ayuntamiento le celebró el cumpleaños ciento veinticinco, con la ceremonia prevista para las once menos cuarto. Empezó dando sesenta vatios. Hoy da cuatro, lo justo para que los camiones no queden a oscuras de noche.

La bombilla, por sí sola, no demuestra nada. Tiene filamento de carbono, brilla poco y vive cuidada como una reliquia. Usarla como prueba de que la industria sabía fabricar luz eterna y decidió no hacerlo sería hacer trampa con un objeto de museo.

Lo que sí prueba algo está en Ginebra. El 23 de diciembre de 1924, los grandes fabricantes de bombillas, Osram, Philips y General Electric entre ellos, fundaron el cártel Phoebus y fijaron la vida de una bombilla doméstica en mil horas. Las fábricas mandaban muestras a un laboratorio central en Suiza y pagaban multa si sus bombillas duraban de más. La vida media de la bombilla de referencia cayó de 1.800 horas en 1926 a 1.205 en el ejercicio 1933-1934. Lo documentó el historiador Markus Krajewski en IEEE Spectrum en 2014, con la correspondencia interna de las empresas delante. Es un dato sólido.

Hubo un tiempo en que durar se castigaba con multa.

Cuando el punto 8 del manifiesto habla de lo pensado para durar poco y venderse otra vez, habla de eso. Antes de cualquier seminario sobre los límites del planeta, el decrecimiento selectivo tiene un adversario con dirección postal: aquel laboratorio suizo donde alguien cronometraba cuánto tardaba un filamento en romperse, y cobraba si tardaba poco.

La factura cambia de dirección

La promesa del crecimiento verde es sencilla y por eso funciona: seguir consumiendo lo mismo, o más, mientras las emisiones bajan. Tiene una parte de verdad. En 2023, Jefim Vogel y Jason Hickel identificaron en The Lancet Planetary Health once países ricos que entre 2013 y 2019 redujeron sus emisiones de CO₂ mientras su PIB crecía. España no estaba en la lista. El desacoplamiento, que así se llama separar el crecimiento económico de las emisiones, existe.

Lo que falta es velocidad. Al ritmo conseguido, esos once países tardarían de media más de doscientos veinte años en recortar sus emisiones un 95 %, y por el camino emitirían veintisiete veces la parte que les corresponde del presupuesto compatible con 1,5 grados. El dato es sólido en lo que mide. La conclusión de que el crecimiento verde es inalcanzable es de los autores, y Hickel es el defensor más conocido del decrecimiento; otros economistas la discuten. Yo la tengo por correcta, y la nombro como lo que es, una posición.

Con la materia la cosa se pone más fea. En marzo de 2024 el Panel Internacional de Recursos de Naciones Unidas publicó su Perspectiva de los Recursos Mundiales: la extracción de materiales se ha triplicado en medio siglo y, si nada cambia, crecerá casi un 60 % entre 2020 y 2060, de unos cien mil millones de toneladas anuales a ciento sesenta mil millones. Extraer y procesar todo eso causa, según el mismo informe, más del 60 % de las emisiones que calientan el planeta. Los países ricos usan seis veces más materiales por habitante que los de renta baja.

Cambiar el tubo de escape por la batería sin tocar el número de coches ni su peso deja la extracción donde estaba, o la sube, y la manda a otra parte del mapa.

El desplazamiento ni siquiera hay que sospecharlo, porque ya tiene artículo y fecha. El 5 de marzo de 2026 el Consejo de la Unión Europea aprobó el objetivo climático vinculante para 2040: un 90 % menos de emisiones netas que en 1990. A partir de 2036, hasta cinco puntos de ese 90 % podrán cubrirse comprando créditos de carbono fuera, así que el recorte dentro de casa se queda en el 85 %. Climate Action Tracker hizo la cuenta: si los créditos se usan enteros, la Unión podrá emitir en 2040 una vez y media lo que emitiría sin ellos.

Plazo de alegaciones

A cuatro mil metros bajo el Pacífico, entre Hawái y México, el fondo de la zona Clarion-Clipperton está sembrado de nódulos polimetálicos, piedras del tamaño de una patata que guardan manganeso, níquel, cobre y cobalto. Crecen unos pocos milímetros cada millón de años. Son justo los metales que pide una batería.

El 22 de enero de 2026, la filial estadounidense de The Metals Company, una empresa canadiense, pidió a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos permiso para explorar y extraer nódulos en unos sesenta y cinco mil kilómetros cuadrados de esas aguas, casi tres veces la Comunitat Valenciana. Su solicitud anterior, de abril de 2025, se conformaba con veinticinco mil. Son aguas internacionales. Estados Unidos no ha ratificado la Convención del Mar ni pertenece a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el organismo creado para decidir sobre ese suelo en nombre de todos, de modo que tramita el permiso con una ley propia de 1980 y una orden ejecutiva de abril de 2025. El 19 de agosto de 2026 la agencia dio la solicitud por completa y abrió sesenta días de comentarios públicos. Faltan la certificación y un estudio de impacto ambiental; la empresa aspira a tener el permiso en el primer trimestre de 2027.

La Autoridad, mientras tanto, cerró en marzo y en julio dos sesiones más sin aprobar el reglamento de explotación, y unos cuarenta Estados piden una moratoria o una pausa.

En 2024, el equipo de Andrew Sweetman publicó en Nature Geoscience que esos nódulos podrían producir oxígeno en plena oscuridad, partiendo el agua de mar con una corriente eléctrica débil. Científicos vinculados a la propia empresa, que había financiado parte de aquellas campañas, firmaron una refutación. En febrero de 2026 Sweetman reconoció que en las cámaras de medición no había nódulos, y el 8 de abril la revista añadió una nota editorial al artículo. Apostaría a que el oxígeno oscuro no se sostiene. Es una apuesta, no un dato, y la discusión sobre un lugar que casi nadie ha visto se está teniendo con la solicitud ya en trámite.

El plazo de comentarios se cerró el 19 de octubre de 2026. Podía escribir cualquiera que tuviera conexión y ganas. El territorio con menos poder para negarse no siempre es un pueblo pobre. Esta vez es un fondo sin nadie que pueda firmar una alegación.

Lo que la contabilidad no ve

Simon Kuznets, el economista que diseñó las cuentas nacionales de Estados Unidos, advirtió al Senado en 1934 que el bienestar de un país difícilmente puede deducirse de su renta nacional. Noventa y dos años después seguimos midiendo la riqueza con el instrumento del que desconfiaba su inventor.

España exportó frutos rojos por valor de 2.114 millones de euros en 2025, según los datos de Aduanas que elabora FEPEX, y nueve de cada diez hectáreas de esos cultivos están en Huelva, según el Ministerio de Agricultura. La exportación entra en el producto interior bruto. El acuífero que riega una parte de esas hectáreas no entra en ninguna cuenta. El 24 de junio de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no haber computado las extracciones ilegales de agua en Doñana ni haber evitado el daño que causaban. En 2022 la laguna de Santa Olalla, la mayor de las permanentes del parque, se secó del todo, y volvió a secarse en 2023 y en 2024. La Estación Biológica de Doñana culpa a la sequía y al calor, y a un acuífero exprimido para llenar Matalascañas en verano y regar la fresa de los alrededores. Aquel primer verano, los investigadores vieron morir en el barro las últimas anguilas de la laguna.

No cotizaban.

Quien recoge fresas suele ser quien menos se lleva de toda la cadena, y de ese sector viven comarcas enteras. El problema está en una contabilidad que suma la caja de fresas y no resta el agua. Para el PIB, un acuífero que baja no figura como pérdida y un pozo nuevo figura como inversión. Con esas reglas, secar un humedal parece crecimiento hasta el día en que no queda agua que sacar, y entonces el desastre llega entero, sin haber aparecido nunca en un balance.

Las cuentas de Milanović

La versión más honesta del argumento contrario la firma Branko Milanović, quizá quien mejor ha medido la desigualdad mundial. En 2021 escribió que el decrecimiento solo sale de su callejón sin salida a base de pensamiento mágico. Su cuenta es sencilla. Si los ingresos se limitaran a la media mundial, unos dieciséis dólares diarios en paridad de poder adquisitivo, habría que bajárselos al 86 % de la población de los países occidentales. Ningún electorado votará eso, y el primero en perder sería el asalariado corriente, mucho antes que el accionista.

La segunda versión es menos ideológica y más difícil de esquivar. China, el mayor emisor del planeta, redujo sus emisiones de CO₂ un 0,3 % en 2025 mientras su economía crecía, según la estimación del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio para Carbon Brief, que se presenta como cálculo y no como medición. Los sectores de energía limpia supusieron ese año el 11,4 % del PIB chino y más de un tercio de su crecimiento. La tecnología, dice este argumento, está haciendo lo que el decrecimiento decía que no podía hacer.

Con Milanović tengo una deuda incómoda. Un recorte repartido a ciegas lo pagarían los de siempre; por eso el manifiesto rechaza la austeridad en la misma frase en que propone decrecer. Pero su cuenta da por hecho que reducir la extracción obliga a bajar los ingresos de todos por igual, y lo que aquí se propone se mide de otra manera: que dure lo que hoy se fabrica para romperse, que no se queme la ropa sin estrenar, que haya más autobuses y coches menos pesados. Eso se cuenta en toneladas y en años de uso. Nadie necesita cobrar menos para que una lavadora dure el doble.

El dato chino lo acepto entero, y me interesa más lo que calla. Según la misma fuente, las emisiones volvieron a subir un 2 % en el primer trimestre de 2026 y bajaron un 1 % en el segundo. Y sobre todo, desacoplar el carbono no es desacoplar la materia. Cada panel y cada batería salen de una mina, y la extracción mundial sigue al alza. Algunas de esas minas, si nadie lo impide, estarán a cuatro mil metros bajo el Pacífico.

Hay una manera de saber si me equivoco, y no obliga a esperar a 2060. Si la revisión del manifiesto prevista para 2035 encuentra la extracción mundial de materiales a la baja con el PIB mundial todavía subiendo, este punto habrá fallado en lo esencial.

Dos círculos, uno dentro de otro

Herman Daly, el economista que más empujó esta idea hasta su muerte en 2022, explicaba el límite con la pesca. En un mundo vacío, lo que limita la captura son los barcos, y quien quiere más pescado construye más barcos. En un mundo lleno, lo que limita es el pescado que queda en el mar, y cada barco nuevo solo adelanta el final. La economía convencional sigue razonando como si el mundo estuviera vacío, y hace décadas que está lleno.

La fórmula del manifiesto, la economía como subsistema de la biosfera, viene de Daly. Describe una relación de inclusión, de las que se dibujan con dos círculos, uno dentro de otro, y frente a un dibujo así la buena voluntad sirve de poco.

Quedarse en la física deja fuera la mitad que más escuece. Marx, leyendo al químico Justus von Liebig, escribió sobre una ruptura en el intercambio de materia entre la sociedad y la tierra: los nutrientes salían del campo hacia la ciudad convertidos en comida y no volvían. La solución británica fue importar guano de las islas Chincha, en Perú, excavado en buena parte por trabajadores chinos en condiciones cercanas a la esclavitud. Los campos ingleses recuperaron su fósforo y la deuda se quedó en otra costa.

La física dice que la cuenta no cierra. Quién la paga lo decide la política, y casi siempre lo ha decidido hacia el mismo lado del mapa.

Lo que ya está en marcha

Desde el 19 de julio de 2026, las grandes empresas no pueden destruir en la Unión Europea la ropa, los complementos y el calzado que no venden; las medianas tendrán que cumplir en 2030. La Comisión calcula que cada año se destruye entre el 4 y el 9 % de los textiles sin vender antes de que nadie se los ponga. El 31 de julio de 2026 vencía el plazo para aplicar la directiva del derecho a reparar, que obliga a los fabricantes de lavadoras o teléfonos a ofrecer la reparación a un precio razonable aunque haya caducado la garantía. España llegó a esa fecha sin ley. En octubre, la de Consumo Sostenible, que debe trasponerla, seguía siendo un anteproyecto.

Las dos normas llegaron tarde y con excepciones. Pero un siglo después de Ginebra, una castiga destruir lo que todavía sirve y otra obliga a arreglar lo que tiene arreglo, y existen porque alguien pasó años pidiéndolas en reuniones que no salen en ningún telediario.

El sábado 17 de octubre se celebró el décimo Día Internacional de la Reparación, con unas decenas de convocatorias en España. En Getafe, en un supermercado cooperativo, se arreglaron pequeños electrodomésticos de once a una. En Valencia, en un local llamado La Dahlia, se remendó ropa y se cambiaron prendas. Ninguna de esas mesas le devuelve el agua a Santa Olalla. Enseñan algo que la ley tardará en aprender: casi todo tiene arreglo, y suele haber alguien que sabe hacerlo a dos calles.

Lo demás cabe en una tarde. Pedir el presupuesto de reparación antes de aceptar el aparato nuevo, y escribir al diputado que corresponda para que España, que ya pide una pausa en la minería de los fondos marinos, no la suavice cuando apriete la demanda de metales.

En Livermore, la bombilla sigue dando sus cuatro vatios sobre los camiones. Nadie la ha cambiado nunca porque nadie ha tenido motivo.

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