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Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 2 · ampliación
No hay nada nuevo en querer mandar sin rendir cuentas: lo nuevo es la escala de los medios y la coherencia del proyecto. Curtis Yarvin propone sustituir la democracia por un mando único, con la empresa como modelo de gobierno. Peter Thiel escribió en 2009 que ya no creía compatibles la libertad y la democracia, y después puso dinero donde había puesto la frase. Nick Land bautizó esa corriente en 2012: Ilustración Oscura. Parte de quienes hoy gobiernan en Washington se formó en ese taller de ideas. En Europa el mismo núcleo gobierna, gobernó o aspira a gobernar con siglas distintas —Meloni, Orbán, Le Pen— y un vocabulario idéntico: nación, tradición, frontera. En Moscú, Dugin le da forma de civilización y Putin, que no necesita a Dugin para hacerlo, le pone ejército. Cambian el país y hasta el acento; la lógica de poder se repite, con un enemigo interior siempre a mano para justificar la próxima excepción. Frente a esto no hay término medio. El antifascismo es la condición para entrar en este programa, no una de sus opciones. Combatimos ideas, decisiones y el poder que las sostiene. Nunca el cuerpo de nadie.
En enero de 2025, en el Coronation Ball del hotel Watergate, una de las fiestas de la investidura de Trump, había un invitado que no venía de ningún partido ni de ninguna campaña. Curtis Yarvin llevaba años escribiendo un blog con el seudónimo de Mencius Moldbug. Allí, entre otras cosas, acuñó un acrónimo: RAGE, Retire All Government Employees, jubilar de golpe a toda la función pública. Politico contó que aquella noche era el invitado de honor oficioso. No se había presentado nunca a nada.
No le hacía falta.
El dinero había llegado mucho antes que el reconocimiento. Founders Fund, el fondo de Peter Thiel, invirtió en 2013 en Tlön, la empresa con la que Yarvin desarrollaba su plataforma Urbit. El dinero compra tiempo: compra que alguien piense a jornada completa lo que de otro modo pensaría los domingos por la tarde. Después vino el nombramiento. JD Vance trabajó para Thiel, ha citado a Yarvin con simpatía y hoy es vicepresidente de Estados Unidos. Y está el canal, la pieza menos discutida. Elon Musk compró la plataforma donde discute a diario buena parte de la clase política y periodística del mundo, y la usa para amplificar el mismo repertorio. Es la diferencia entre discutir el menú y ser el dueño del bar.
Llevamos veinte años discutiendo con estas ideas como si fueran ideas, es decir, como si bastara con demostrar que son falsas. Lo son. Su recorrido no depende de que sean verdad. Una idea mala con propietario llega más lejos que una idea buena sin él, y quien no lo vea seguirá ganando debates mientras pierde países.
Lo que viene después es administración ordinaria. La Guardia Nacional lleva más de un año patrullando estaciones de metro y calles de Washington, y la Casa Blanca anunció en julio que seguirá allí hasta el final del mandato. Desde febrero de 2026 el presidente sostiene, sin aportar una sola prueba, que las legislativas de noviembre estarán amañadas, y pide a los republicanos que nacionalicen las elecciones. En agosto, la senadora Elissa Slotkin escribió al secretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto para pedir por escrito algo que hace diez años no habría hecho falta pedir: que el ejército se mantenga lejos de los colegios electorales.
Ningún país deja de ser democrático el día en que alguien lo anuncia. Deja de serlo el día en que ya nadie puede obligar a nadie a explicarse.
El informe de V-Dem que sirvió en el punto anterior para el recuento global trae dos datos que pertenecen aquí. En democracias liberales plenas vive el 7 % de la humanidad, y conviene leer esa cifra dos veces, porque es el siete, no el setenta. Y de los diez países que en 2025 entraron en la lista de los que retroceden, seis están en Europa y América del Norte. Entre ellos Italia, el Reino Unido y Estados Unidos, que en un solo año cae del puesto 20 al 51 de 179 en el índice de democracia liberal, a una velocidad que el propio informe califica de sin precedentes.
El método se reconoce de un país a otro y no consiste en derogar nada. Los tribunales siguen en pie: se elige a quien los ocupa. La televisión pública sigue emitiendo, con otra persona en el despacho de dirección. Y la emergencia dura lo que haga falta que dure.
Italia es el caso que peor encaja con la caricatura. Giorgia Meloni gobierna sin romper una sola regla formal, y aun así V-Dem incluyó a Italia en 2025 entre los países que retroceden. Lo que se mueve allí es más lento y menos vistoso. Reporteros Sin Fronteras la situó en 2026 en el puesto 56 de 180 de su clasificación de libertad de prensa, siete por debajo del año anterior, con 65,16 puntos frente a 68,01. Es un índice construido con encuestas y recuento de incidentes, no una medición directa, y conviene leerlo sabiendo eso. Los motivos que cita son los del método: injerencia en la radiotelevisión pública hasta convertirla en herramienta de comunicación del Gobierno, demandas por difamación contra periodistas que no hace falta ganar, porque el coste de defenderse ya disuade, y la llamada ley mordaza, que prohíbe publicar un auto de prisión preventiva hasta el final de la audiencia preliminar. Ninguna de las tres cosas cierra un periódico. Las tres juntas cambian lo que un periódico se atreve a publicar un martes cualquiera.
El 7 de julio de 2026 el Tribunal de Apelación de París confirmó la condena de Marine Le Pen y de su partido por desviar unos 2,8 millones de euros del Parlamento Europeo hacia asistentes que en realidad trabajaban para la formación. A ella le corresponden un año con brazalete electrónico, 100.000 euros de multa y 45 meses de inhabilitación, 30 de ellos en suspenso. Los 15 firmes corrían desde la sentencia de marzo de 2025 y ya están cumplidos, así que la candidatura de 2027 sigue en pie. Ha anunciado recurso de casación de todos modos.
En Alemania el tribunal falló a favor del partido, y hay que contarlo con el mismo cuidado. El servicio de inteligencia interior clasificó a Alternativa para Alemania como organización de extremismo de derechas confirmado el 2 de mayo de 2025, y el partido recurrió tres días después. El 26 de febrero de 2026 el Tribunal Administrativo de Colonia le dio la razón de forma cautelar y prohibió esa clasificación hasta que se resuelva el fondo. El expediente rondaba las siete mil páginas y los datos reunidos por el servicio ocupaban un terabyte y medio. Los jueces vieron una sospecha fuerte de que algunas exigencias del programa, como prohibir los minaretes, la llamada del muecín o el velo en las instituciones públicas, chocan con la dignidad humana y con la libertad religiosa de los alemanes musulmanes. No dieron por acreditado que esa orientación domine al partido entero, y la palabra remigración, con lo que tenían delante, no les bastó para probar un plan de expulsiones indiscriminadas. La decisión admite recurso ante el tribunal superior de Münster y el procedimiento principal no tiene fecha. Mientras tanto, cinco federaciones regionales siguen clasificadas como extremistas confirmadas: Turingia, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Brandeburgo y Baja Sajonia.
La versión más honesta del argumento contrario dice que la palabra fascismo se ha usado con tanta alegría que ya no describe nada, y que comparar gobiernos salidos de urnas limpias con los regímenes que industrializaron el exterminio insulta a la historia y, de paso, convierte en enemigos a millones de votantes.
Esto no es el fascismo de los años treinta otra vez. Es un núcleo autoritario viejo trabajando con medios nuevos, y trabajar con medios nuevos quiere decir cambiar de forma. Hay que mirar otras cosas. Si el tribunal se llena a dedo. Si la emergencia no caduca nunca. Si quien cuenta los votos depende de quien los pide. Si existe un grupo al que se le pueden recortar derechos sin que eso cueste un solo voto. Se comprueba país por país, y país por país se puede descartar, que es bastante más de lo que ofrece una etiqueta.
Y no confundo el proyecto con quien lo vota. Quien vota a estos partidos suele hacerlo porque el alquiler se le lleva media nómina y la cita con el médico de cabecera tarda tres semanas, y porque nadie le ha explicado por qué su vida fue a peor mientras le decían que el país iba a mejor. El diagnóstico es correcto. La factura está mal girada: se le pasa al que llegó en patera, no al fondo que compró el edificio entero. Con esa persona hay que discutir, y discutir en serio, sin la condescendencia de pensar que no sabe lo que hace. Con quien fabrica la confusión no se pacta.
Queda la objeción incómoda, la que yo mismo he puesto encima de la mesa con el caso alemán. Acepto el resultado. Si un tribunal, con siete mil páginas delante, concluye que lo aportado no alcanza la certeza que exige la ley, la conclusión no puede ser que el tribunal esté capturado. Prefiero perder una clasificación administrativa antes que quedarme con un atajo que mañana me aplican a mí. El atajo es el método del adversario. Y reconocerlo tiene coste: durante años, un partido con cinco federaciones clasificadas como extremistas va a litigar amparado por la misma ley que yo defiendo, y va a ganar alguna vez. No hay manera elegante de decir eso.
Estas fuerzas discrepan entre sí en casi todo. Unas quieren más Estado y otras ninguno. Unas invocan a Dios y otras la eficiencia de la ingeniería. Lo único que no negocian nunca, y es la razón de agruparlas, es una tesis sobre el valor de las personas: que no todas valen lo mismo y que algunas deben poder decidir sobre otras sin rendirles cuentas. En Moscú esa tesis se viste de civilización. Aleksandr Dugin publicó Fundamentos de la geopolítica en 1997 y el libro se convirtió en lectura de referencia en academias militares rusas; hasta qué punto manda de verdad en el Kremlin es cosa discutida entre analistas, y desde aquí no tengo forma de resolverlo.
Por eso el antifascismo entra en este manifiesto como condición previa. La arquitectura institucional concreta es discutible y a menudo mala, y no la defiendo en bloque. Lo que defiendo es el enunciado mínimo sin el cual los otros quince puntos no significan nada: una persona vale lo que otra. A quien no firme eso no le estoy discutiendo política.
Con un límite que no se mueve, y lo escribo aquí porque un texto así también se lee en voz alta y con rabia. Esto se pelea contra decisiones y contra estructuras de poder. Nunca contra el cuerpo de nadie. Quien confunda las dos cosas habrá empezado a parecerse a aquello contra lo que dice ir, y habrá admitido además que sus argumentos no le bastaban.
El horizonte no está despejado. Francia vota en 2027 y no doy el resultado por hecho. Reconstruir después lo que se está desmontando es trabajo de una década larga. Y la apuesta de fondo de este manifiesto, que esta familia ideológica acabe tan desacreditada como quedó el fascismo del siglo pasado, es la más incierta de todas las que hace.
El 12 de abril de 2026 Viktor Orbán perdió unas elecciones después de dieciséis años gobernando, con el mapa electoral, los medios y el dinero público a su favor. Votó casi el 80 % del censo, una participación récord, y el Tisza de Péter Magyar se llevó 141 de los 199 escaños, más de dos tercios. El 9 de mayo Magyar juró el cargo. Es un liberal conservador salido del propio entorno de Fidesz, no es de los míos y no firmaría ni la mitad de estas páginas. La maquinaria de dieciséis años no se desmontó esa noche, y tampoco se ha desmontado ahora.
Cómo se trabajó cada distrito húngaro no lo sé. Sé que detrás hubo dos años de estructura levantada pueblo a pueblo. Y sé que V-Dem avisa de que las legislativas estadounidenses de noviembre serán la prueba decisiva de la calidad electoral de ese país, lo que señala dónde se está jugando esto. En España, para vigilar una mesa el día de la votación, basta con que una candidatura te acredite como interventor y con aguantar doce horas en una silla de plástico con el bocadillo encima de la mesa. No garantiza nada. Durante dos años mucha gente sin nombre hizo en Hungría el equivalente, y el 12 de abril Orbán reconoció la derrota.
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