Tiempo de lectura: 9 minutos
Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 10 · ampliación
En junio de 2022 el Supremo de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto, y en pocos meses más de una docena de estados lo había prohibido casi por completo. Sirvió de ensayo general. Cualquier proyecto reaccionario prueba primero su fuerza sobre el feminismo y los derechos LGTBI+, porque recortar derechos sobre el cuerpo y la identidad le cuesta menos, de forma inmediata, que recortar derechos económicos, y le sirve igual de bien para entrenar el resto del retroceso. Por eso están en el núcleo de este manifiesto: relegarlos a un capítulo final para quedar bien sería otra forma de cederlos. El orden en que empieza el ataque —el aborto, la educación sexual, la existencia pública de las personas trans— mide hasta dónde se puede llegar sin que el resto de la sociedad reaccione, y cada paso sin resistencia allana el siguiente. Tratarlo como asunto secundario mientras se discuten «las cosas serias» ignora que este es el campo de pruebas de todo lo demás. Afirmamos sin coletillas la igualdad efectiva, la libertad sobre el propio cuerpo y la diversidad de género y sexual como hecho humano, que nadie tiene potestad para otorgar ni para retirar. Nos llaman woke para ahorrarse el argumento; nos quedamos con la etiqueta y devolvemos el argumento que la etiqueta esquiva. Aquí no buscamos el centro: entre quien discrimina y quien es discriminado elegimos, y lo decimos en voz alta.
El 30 de septiembre de 2025, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó con los votos del PP una propuesta de Vox. Los servicios municipales tendrían que informar a las mujeres que pensaran abortar sobre el «síndrome post aborto»: depresión, alcoholismo, ideas suicidas. Al día siguiente, el alcalde reconoció en público que ese síndrome no es una categoría científica reconocida.
No retiró el voto.
La moción invocaba el DSM-III, el manual de diagnóstico de la psiquiatría estadounidense vigente entre 1980 y 1994, como si el cuadro hubiera figurado allí. No figuró nunca. Lo que sí existe es un estudio diseñado para responder a la pregunta que la moción daba por respondida. El Turnaway Study, de la Universidad de California en San Francisco, siguió durante cinco años a 956 mujeres que habían acudido a treinta clínicas de veintiún estados; unas consiguieron abortar y otras fueron rechazadas por haber pasado por poco el plazo legal. Sus resultados, publicados en JAMA Psychiatry en 2017, no encontraron daño psicológico asociado al aborto. Encontraron más ansiedad, peor autoestima y menos satisfacción con la propia vida, a corto plazo, en las mujeres a las que se lo negaron. Es un dato sólido con una limitación conocida: a los cinco años se había perdido cerca del cuarenta por ciento de la muestra, y no sabemos cómo estaban las que dejaron de contestar. La limitación no le da la vuelta al resultado, que apunta justo en la dirección contraria a lo que se votó en Madrid.
La falsedad es antigua. Lo nuevo es el precio. El 24 de octubre, en un pleno extraordinario que pidieron Más Madrid y el PSOE, el alcalde explicó que el acuerdo no se ejecutaría porque los servicios jurídicos así lo habían dictaminado, y aun así su grupo votó en contra de la propuesta de no ejecutarlo. Nadie dimitió. Ninguna encuesta que yo conozca registró una pérdida de votos por aquello. Se aprobó un diagnóstico inventado, se desautorizó, se mantuvo, y la factura política fue cero.
Ese cero es la tesis entera del párrafo que abre este punto.
Por qué empieza siempre aquí
Sostengo que los proyectos reaccionarios ensayan primero sobre el cuerpo de las mujeres y sobre las personas LGTBI+ porque ahí recortar sale barato. Lo sostengo como hipótesis, apoyada en el orden en que suceden las cosas en países con sistemas muy distintos, y abierta a que alguien la desmienta con otro orden.
La primera razón es aritmética. Un recorte en las pensiones toca a millones de personas el mismo mes y tiene detrás sindicatos con abogados. Un recorte en el aborto toca, cada mes, a las mujeres que ese mes lo necesitan, que no se conocen entre sí y que muchas veces no quieren que nadie se entere. Las personas trans son, en cualquier censo, una fracción pequeña de la población. Quien recorta ahí sabe que la víctima es dispersa y que el beneficio simbólico llega enseguida.
Hungría enseña la segunda mejor que ningún otro sitio. En 2021, el Parlamento húngaro aprobó una ley que prohibía mostrar a menores la homosexualidad o el cambio de sexo. Sonaba a protección de la infancia y casi nadie fuera del colectivo protestó. El 18 de marzo de 2025, otra ley usó aquella como palanca para restringir el derecho de reunión, y autorizó el reconocimiento facial para identificar a quien acudiera a una marcha del Orgullo. El 14 de abril llegó la reforma constitucional que lo blindaba. Primero se legisló sobre lo que se podía enseñar, después sobre dónde se podía estar, al final se escribió en la Constitución. Cada escalón se apoyó en que el anterior no había costado nada.
La tercera me cuesta más demostrarla. El cuerpo ajeno sirve como enemigo interior con una eficacia que ningún adversario económico alcanza. Judith Butler, en su libro de 2024 sobre quién teme al género, describe esa palabra funcionando como un fantasma que reúne miedos dispersos sin obligar a nombrar ninguno: el miedo al cambio, a la pérdida de la autoridad del padre. No hace falta compartir todo el andamiaje teórico de Butler para ver que la descripción acierta en lo que importa aquí. Un sindicato tiene portavoces que replican en la radio a la mañana siguiente.
Una niña trans de once años, no.
Fuera de Europa la secuencia cambia de forma y conserva la lógica. El 18 de junio de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló por seis votos a tres la ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos de afirmación de género a menores. Más de veinte estados tenían ya leyes parecidas. La mayoría del tribunal razonó que la norma distinguía por edad y por uso médico, no por sexo, y con esa clasificación le bastó el control más laxo que existe. La técnica jurídica también sirve para no mirar.
Y a escala del planeta, el informe que ONU Mujeres publicó en marzo de 2025, treinta años después de la conferencia de Pekín, recoge que casi una cuarta parte de los 159 gobiernos consultados declararon un retroceso en los derechos de las mujeres durante 2024. Ese dato lo aportan los propios gobiernos, y añado una opinión que no puedo probar: quien está haciendo el retroceso rara vez lo declara, así que la cifra real será, si acaso, mayor.
Lo que este punto tiene de materia
La objeción más frecuente a todo lo anterior dice que esto es «lo cultural», un debate de símbolos que distrae de las cosas serias. Se responde con números.
En 2025 murieron en España 46 mujeres asesinadas por su pareja o expareja, según el balance oficial de final de año. Es la cifra más baja desde que empezó el registro en 2003, por debajo de las 49 de 2016, 2017, 2021 y 2024, y es buena noticia que lo sea. Solo diez de ellas habían denunciado antes. Dato sólido, de fuente oficial y con una serie de veintitrés años detrás. Ninguna de esas muertes fue simbólica.
El dinero cuenta la misma historia. Eurostat situó la diferencia salarial por hora entre hombres y mujeres en la Unión Europea en un 11,1 % en 2024, la más baja que ha medido nunca. Pero el salario por hora es la medida más amable de todas. El Índice de Igualdad de Género que publicó en diciembre de 2025 el Instituto Europeo de la Igualdad de Género calcula que una mujer ingresa en un año el 77 % de lo que ingresa un hombre. En las pensiones la distancia ronda el 25 %. Una jubilada que cobra un cuarto menos que su vecino de rellano lleva cuarenta años de cuidados sin sueldo metidos en ese porcentaje.
Nancy Fraser lleva tres décadas insistiendo en que la justicia tiene dos ejes que no se dejan reducir el uno al otro: la redistribución, que se ocupa de quién tiene qué, y el reconocimiento, que se ocupa de quién cuenta como persona entera. Su distinción deja a la vista dos errores que este debate comete a la vez. Uno cree que cambiar cómo se nombra a alguien cambia cómo vive. El otro trata el cuerpo como una distracción y se olvida de quién carga con la estructura. La mujer de Madrid que va a abortar necesita las dos cosas el mismo día: que nadie le recite un síndrome inventado y que la prestación exista en la sanidad pública de su comunidad, no solo en una clínica privada con convenio.
Por eso el Gobierno aprobó el 7 de abril de 2026 un proyecto para añadir al artículo 43 de la Constitución, el de la protección de la salud, la obligación de que los poderes públicos garanticen el aborto en condiciones de igualdad real. El proyecto superó el debate de totalidad en el Congreso el 30 de abril, pero necesita tres quintos en las dos cámaras, y sin el PP no los tiene. La crítica más incómoda a la vía elegida llegó desde la izquierda: Ione Belarra sostuvo en ese debate que el aborto ya goza de una protección reforzada y que llevarlo al artículo 43, con menos garantías que los derechos fundamentales, la rebaja. La objeción es seria y no la despacho. Me quedo con lo que la reforma admite sin quererlo: que un derecho ya amparado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2023 todavía necesita que alguien garantice la camilla.
La versión más honesta del argumento contrario
Hay una crítica a este punto que no viene de la derecha y que merece algo mejor que el desdén. La formuló Mark Lilla en 2017 y la convirtió en programa de partido Sahra Wagenknecht en Alemania. Dice así: la izquierda dejó de hablar con la fábrica para hablar con la facultad. Adoptó un vocabulario que cambia cada cinco años y trata como sospechoso a quien no lo domina. Mientras discutía siglas, perdió a los trabajadores sin título universitario, que se fueron a votar a quien al menos no les corregía la forma de hablar. Si de verdad queremos frenar a la extrema derecha, concluye, hay que volver a la economía y dejar lo demás en segundo plano.
Tiene razón en una parte, y esa parte le cuesta algo a este manifiesto. Ha existido una política que aceptó el reconocimiento porque salía más barato que redistribuir: la bandera arcoíris en el logotipo corporativo en junio y el despido colectivo en septiembre. Fraser le puso nombre, neoliberalismo progresista, y lo describió desde la izquierda antes que casi nadie. También es verdad que cierto lenguaje funciona como contraseña de entrada, y nadie se suma a un movimiento que le examina antes de saludarle. Este punto no puede servir de coartada para eso, y por esa razón el manifiesto coloca el punto 5 antes que este.
Pero la conclusión no se sigue de la premisa, y falla por dos sitios.
El primero: separa lo que en la vida no está separado. La trabajadora sin título es también la que cobrará una pensión un cuarto menor. El chaval trans es hijo de alguien que entra a las seis en el polígono. Si se le pide a la clase trabajadora que deje de defender a una parte de sí misma, se la divide, y la mitad que queda fuera no olvida quién la dejó.
El segundo es empírico, y lo presento con modestia. Wagenknecht fundó su partido en 2024 precisamente sobre esa apuesta: economía de izquierdas y conservadurismo en las costumbres. En las elecciones federales de febrero de 2025 se quedó en el 4,98 % y fuera del Bundestag por unos nueve mil quinientos votos. Die Linke, que no renunció a ninguno de los dos frentes y centró su campaña en el alquiler, sacó un 8,8 %. Es una sola elección, con muchas variables que no controlo, y por sí sola no prueba nada. Basta para desmentir que la renuncia sea una estrategia ganadora por definición.
Sobre la palabra «woke» basta una línea. Es una etiqueta pensada para ahorrarse el argumento, y quien la usa casi nunca dice qué derecho concreto querría retirar. Esa es la pregunta que hay que devolverle, con nombre y apellido del derecho.
Un puente en Budapest
El 28 de junio de 2025, la marcha del Orgullo de Budapest estaba prohibida. El alcalde, Gergely Karácsony, la declaró acto municipal, con el argumento de que un evento del ayuntamiento no necesita permiso del Gobierno, y la gente salió igual, sabiendo que la ley permitía identificarla por la cara. La organización calculó entre ciento ochenta y doscientas mil personas. Con el puente de la Libertad bloqueado por la extrema derecha, la marcha cruzó el Danubio por el puente Erzsébet, y la cabeza llegó a la plaza de la Universidad Técnica cuando la cola aún no había salido del punto de partida.
Diez meses después, el 12 de abril de 2026, Orbán perdió las elecciones con una participación de casi el 79 %, la más alta desde 1990. Sería cómodo contar que lo derribó el Orgullo, y sería falso. Péter Magyar ganó hablando de corrupción, de sanidad y de transporte público, y no dijo una palabra sobre los derechos LGTBI+ en toda la campaña. El 27 de junio de 2026 el Orgullo volvió a Budapest sin prohibición, con unas cincuenta mil personas y una veintena de contramanifestantes. El 13 de octubre, el Parlamento de Magyar quitó de la ley de 2021 la prohibición de mostrar a menores la diversidad sexual y de género, para cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Magyar lo presentó como protección de la infancia, sin hablar de derechos. Las restricciones al derecho de reunión y el texto constitucional de 2025 siguen donde estaban. ¿Cuántos de los que cruzaron el puente en 2025 votaron a Magyar en abril? No lo sé, y no he encontrado a nadie que lo sepa.
Sé que cruzaron sin saber qué pasaría después. Es el único gesto que este punto puede ofrecer como esperanza: ejercer un derecho antes de que te lo concedan, en el sitio exacto donde te dijeron que no podías estar. No garantiza nada. En Madrid, la moción del síndrome inventado acabó sin aplicarse porque los servicios jurídicos municipales, el Ministerio de Sanidad y la oposición que forzó un pleno extraordinario la convirtieron en un problema. En Budapest, la prohibición acabó siendo una de las mayores protestas contra el Gobierno de Orbán desde 2010. En los dos sitios alguien hizo lo mismo con medios muy distintos.
Subir el precio. El de cada recorte sobre el cuerpo de otra persona, cada vez, aunque la factura todavía no lleve nuestro nombre.
← Volver al punto 10 del manifiesto · Índice del ensayo
Si lo que has leído te ha servido, puedes invitarme a un café. Aquí en Puerto Sagunto cuesta 1,70 €.
Invítame a un café · 1,70 €Se paga con PayPal o con tarjeta, sin cuenta. Puedes cambiar la cantidad.
Este sitio es un proyecto de RedBeta
