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Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 5 · ampliación
El capitalismo no funciona mal. Funciona exactamente según su propia lógica, y esa lógica es la razón por la que hay que superarlo en lugar de corregirlo. Un sistema que solo sobrevive creciendo choca de frente con un planeta de límites físicos. Un sistema que mide el valor por lo que se vende no sabe reconocer nada de lo que mantiene la vida sin cobrarse: el cuidado, el tiempo, los ecosistemas de los que depende cualquier otra actividad. Un impuesto más no basta para suavizar sus excesos. Discutimos la propiedad, además del reparto: qué puede seguir siendo privado, qué debe volver a lo público y qué debe gestionarse como comunes, desde los datos que generamos entre todos hasta el conocimiento y el agua. Defendemos una redistribución radical de la riqueza y del tiempo, una fiscalidad que alcance de verdad a las grandes fortunas y corporaciones, servicios públicos fuertes y una renta básica que los complete y jamás los sustituya. Sabemos lo que cuesta decirlo: este punto va a encontrar más resistencia organizada que ningún otro y va a avanzar más despacio. Lo sostenemos igual, porque ceder aquí es ceder en todo lo demás.
El techo era el quince por ciento
En octubre de 2021, más de ciento treinta países acordaron algo que llevaba décadas pareciendo fuera de alcance: que las grandes multinacionales pagaran un tipo efectivo mínimo del quince por ciento allí donde operasen. Se anunció como el final de la carrera a la baja y como la prueba de que los Estados todavía podían ponerse de acuerdo en algo que costaba dinero a alguien poderoso.
El 5 de enero de 2026 se conoció el desenlace. Los países del Marco Inclusivo de la OCDE aprobaron el paquete llamado «lado a lado», que permite a los grupos con matriz estadounidense quedar fuera de las dos reglas que daban dientes al acuerdo, la de inclusión de rentas y la de beneficios infragravados. No se derogó nada. El impuesto conserva su nombre, su porcentaje y su prestigio, y los mínimos nacionales que cada país haya aprobado siguen cobrando también a esas empresas, así que el agujero no es total. Lo que desaparece es la red que debía cobrar donde esos mínimos no llegan. En el registro central de regímenes reconocidos como equivalentes, a mediados de enero figuraba un solo país, Estados Unidos.
Quince. De cada cien euros de beneficio, quince. Ninguna nacionalización, ningún reparto, ninguna amenaza a la propiedad de nadie. La reforma más tímida que cabía imaginar, negociada durante una década por gobiernos de todos los colores, y aun así hubo que abrirle una puerta lateral por la que salieran las empresas más grandes del planeta.
Si eso era el techo de lo posible, el problema deja de ser de calibrado.
Hay una lectura tranquilizadora de lo ocurrido, y por eso mismo desconfío de ella. Dice que faltó voluntad política: gobiernos débiles, negociadores blandos, una administración estadounidense que amenazó con represalias fiscales y se salió con la suya. Es cómoda porque permite imaginar que con otros nombres en la mesa habría salido distinto.
Yo no lo creo. La amenaza funcionó porque no era un farol. El capital se mueve y los beneficios se contabilizan donde conviene, y esa movilidad es la palanca que permite negociar con cualquier Estado desde una ventaja permanente, la misma el día que cambie el gobierno. Un gobierno puede subir un tipo impositivo. Lo que no puede es impedir que el objeto del impuesto se marche, se reorganice o consiga que le escriban una excepción con su nombre dentro.
El capitalismo no funciona mal, funciona exactamente como fue diseñado. Enero de 2026 le dio la razón a esa frase de la peor manera posible, con el expediente más inofensivo de todos. Llamarlo fallo es un error de categoría, como llamar defecto a que el agua baje. Esta lectura es mía. El dato es el paquete de enero, y la interpretación estructural la pongo yo.
Por eso un impuesto más no basta. Acabamos de ver qué le ocurre a un impuesto más. La discusión que importa está un piso por debajo, en quién puede ser dueño de qué.
Lo que la contabilidad no sabe ver
Un sistema que mide el valor por lo que se vende tiene un punto ciego, y ahí vive la mitad de lo que sostiene una vida.
La Organización Internacional del Trabajo estimó en 2018, a partir de encuestas de uso del tiempo en sesenta y cuatro países, que cada día se dedican en el mundo 16.400 millones de horas a trabajo de cuidados no remunerado. Son dos mil millones de personas trabajando ocho horas diarias sin cobrar. Valorado al salario mínimo por hora, ese trabajo supondría en torno al nueve por ciento del producto mundial, y las mujeres aportan el 76,2 % de las horas. El dato tiene ocho años y un método conservador, y vale como orden de magnitud y poco más.
Nada de eso aparece en una cuenta nacional. Tampoco la fertilidad de una tierra mientras nadie la venda. Todo ello sostiene lo que sí se contabiliza, y por invisible se puede gastar sin registrar la pérdida.
Lo que la contabilidad no ve, la economía no lo protege. Lo gasta.
El sistema opera con una idea de valor demasiado estrecha para la vida humana: confunde valor con precio, y lo que no tiene precio queda fuera del cálculo. El instrumento no está construido para verlo, y en eso no interviene la maldad de nadie. Si mañana se pagaran esas horas al salario mínimo, el producto mundial crecería un nueve por ciento sin que nadie hubiera cuidado a una sola persona más. No sabría decir qué dice eso del indicador. Nada bueno, en todo caso.
La propiedad, no solo el reparto
La izquierda del siglo pasado peleó sobre todo por el reparto: salarios, impuestos, transferencias y servicios. Ganó cosas que se pueden tocar, empezando por la tarjeta sanitaria que llevamos en la cartera. Pero descansaba en un supuesto que ya no se sostiene, el de que la riqueza circula como renta y por tanto se alcanza gravando la renta.
Los datos apuntan a otra cosa. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea calculó en su informe de 2023 que los milmillonarios del mundo pagan, en impuestos personales, el equivalente a entre el 0 % y el 0,5 % de su patrimonio, y Gabriel Zucman fijó la estimación central en el 0,3 % en el trabajo que preparó para el G20 en junio de 2024. Casi nunca se trata de evasión ilegal. Las grandes fortunas no circulan como sueldo. Se sostienen como participaciones y como plusvalías que no se realizan nunca, casi siempre dentro de una sociedad patrimonial. El sistema fiscal está diseñado para interceptar un flujo, y ahí lo que hay es un depósito.
El comité de expertos que el G20 encargó bajo presidencia sudafricana, presidido por Joseph Stiglitz, lo resumió en noviembre de 2025 en una cifra: entre 2000 y 2024, el 1 % más rico capturó cuarenta y un céntimos de cada dólar de riqueza nueva generada en el mundo. La mitad más pobre de la humanidad, un céntimo.
Oxfam añadió en enero de 2026 que la riqueza conjunta de los milmillonarios creció un 16 % durante 2025, hasta 18,3 billones de dólares, un 81 % por encima de 2020. Lo que ganaron en ese solo año, unos 2,5 billones, equivale a lo que poseen los 4.100 millones de personas más pobres del planeta. El mismo informe relaciona esa concentración con el deterioro democrático; es una asociación observacional, no una causalidad demostrada, y así hay que citarla.
Con ese cuadro, redistribuir sin tocar la propiedad es achicar agua sin cerrar la vía. Hay actividad económica que puede seguir siendo privada sin drama y sin sospecha, que es la mayor parte de lo que ocurre cada día en cualquier calle. Hay servicios cuya lógica es la garantía y no el margen, y que deberían volver a lo público: la sanidad y la educación, y la vivienda allí donde el alquiler se come el sueldo. Y hay una tercera categoría, los comunes —recursos e infraestructuras que administra de forma colectiva quien los usa, sin dueño privado y sin ministerio—: el agua, el conocimiento pagado con dinero público, los datos que generamos entre todos.
Esa tercera categoría tiene un Nobel desde 2009, el de Elinor Ostrom, que pasó la vida documentando pastos, pesquerías y regadíos gestionados así durante siglos. Sigue sin aparecer en casi ningún programa de gobierno.
La versión más honesta del argumento contrario
El capitalismo de mercado ha sacado de la pobreza extrema a más seres humanos en cuarenta años que cualquier otro arreglo económico conocido. Según las series del Banco Mundial, la proporción de población mundial bajo ese umbral pasó de más de un tercio en 1990 a cerca de una de cada diez personas a comienzos de esta década. El mercado resuelve además un problema de información que ninguna planificación central ha resuelto nunca: qué producir, cuánto y para quién, sin que nadie tenga que saberlo todo. Y cada intento serio de suprimir la propiedad privada de los medios de producción en el siglo veinte terminó en escasez y en policía política, con un coste humano que ninguna intención justifica. Quien propone superar el capitalismo tiene que explicar por qué esta vez acabaría de otra manera.
Voy por partes, sin regatear ninguna.
La caída de la pobreza extrema es real y no la discuto. Buena parte de ella corresponde a China, un país cuyo modelo —banca pública, planificación industrial y control de capitales— es un argumento pésimo a favor del mercado desregulado; esa atribución es interpretación mía sobre datos agregados, y su magnitud exacta está discutida entre economistas. El Banco Mundial revisó al alza su umbral en junio de 2025, hasta tres dólares diarios en paridad de 2021, y eso eleva a unos 838 millones el recuento de 2022. La tendencia se mantiene. La celebración debería bajar el tono.
La segunda objeción es la que de verdad importa, y descansa en una confusión: dar por hecho que superar el capitalismo exige abolir el mercado. Lo que se discute es quién es dueño de qué. Un mercado puede funcionar con cooperativas, con empresas públicas, con comunes, con formas de propiedad que todavía no hemos ensayado a escala. Que el siglo veinte identificara anticapitalismo con planificación estatal fue una decisión histórica tomada en unas condiciones concretas, y este manifiesto no hereda esa identificación ni la ortodoxia que la acompañó. No tiene por qué defender un experimento que no propone.
Queda lo más difícil, por qué esta vez acabaría de otra manera. No tengo garantía que ofrecer, y desconfío de quien la ofrezca. Lo que tengo es una comparación. El modelo que se me pide sustituir lleva su trayectoria medida: cuarenta y un céntimos de cada dólar nuevo hacia el uno por ciento, y la reforma fiscal más modesta del siglo vaciada para las mayores empresas del mundo en cuatro años. A eso nadie le exige garantías.
El dato que no me gusta
Este punto defiende también una renta básica que complete los servicios públicos y jamás los sustituya. Sobre ella, la evidencia es más incómoda de lo que suele reconocerse.
El mayor ensayo aleatorizado de renta incondicional hecho en Estados Unidos repartió mil dólares mensuales durante tres años entre mil personas de renta baja de Texas e Illinois, frente a dos mil de control que recibían cincuenta dólares al mes. Vivalt y sus colegas publicaron los resultados de empleo en 2024: la participación laboral bajó dos puntos porcentuales, las horas trabajadas cayeron entre 1,3 y 1,4 semanales, los ingresos ajenos a la transferencia descendieron unos 1.500 dólares anuales. Las mejoras en estrés y en seguridad alimentaria del primer año se desvanecieron después. Aumentó el uso de urgencias y de hospitalización. Son documentos de trabajo del NBER, no revisados por pares cuando escribo esto.
No escondo ese resultado, y tampoco me parece una refutación. Muestra que el dinero incondicional, por sí solo, no compra salud ni estabilidad, y eso respalda con precisión la formulación del manifiesto: complemento, nunca sustituto. Quien vende la renta básica como recambio barato del Estado social tiene ahí su respuesta.
Dos por ciento
En Francia se propuso un impuesto mínimo del 2 % anual sobre patrimonios de más de cien millones de euros, que alcanzaba a unos mil ochocientos hogares, el 0,01 % de los contribuyentes. La Asamblea Nacional lo tumbó el 31 de octubre de 2025 por 228 votos contra 172, y tumbó también la versión rebajada de los socialistas, un 3 % a partir de diez millones. La extrema derecha, que dice hablar en nombre de los de abajo contra las élites, se había abstenido en la votación de febrero. En octubre votó en contra.
Dos por ciento. Mil ochocientas familias. Ese fue el límite. No de lo justo: de lo tolerado.
Lo que ya se está haciendo
Este es el punto que más resistencia organizada va a encontrar y el que más despacio va a avanzar. El mecanismo es fácil de imaginar y difícil de descartar: cuando la propiedad decide qué leyes se escriben, la ciudadanía queda decorativa aunque el censo siga abierto.
Si todo esto fuera pura mecánica, no habría nada que hacer y este texto sobraría. Para que un sistema así cambie hacen falta dos cosas que la mecánica no produce: que bastante gente deje de sostenerlo, y que lo haga a la vez. Eso no está escrito en ninguna ley del movimiento de la historia. Es lo único del proceso que sigue siendo nuestro.
Y mientras el impuesto mínimo global se vaciaba por arriba, por abajo ocurría algo que casi no se cuenta. La base de datos Public Futures, en la que colaboran el Transnational Institute y la Universidad de Glasgow, reúne 1.787 casos de desprivatización y de creación de servicios públicos en 77 países, del agua y la energía a los residuos, los cuidados y las telecomunicaciones. Se alimenta de forma colaborativa, así que probablemente se queda corta. París recuperó su agua en 2010; Grenoble llevaba diez años haciéndolo. En ninguno de esos casos se abolió nada. La frontera de lo que puede ser propiedad privada se movió un contrato cada vez, en la dirección contraria a la que había llevado desde los años ochenta.
Esa frontera la trazan decisiones, y las decisiones se toman en sitios con dirección postal. Si durante cuarenta años avanzó hacia lo privado fue porque hubo quien empujó cada día sin ver el final, en despachos, fundaciones y consejos de ministros. Nadie que empujara en 1980 sabía dónde acabaría su empujón. Tampoco lo sabe quien empuja ahora hacia el otro lado.
Escribo esto en octubre de 2026, con varios de estos expedientes todavía abiertos. En algún ayuntamiento vence este mes un contrato de agua. La persona que firma la renovación tiene nombre, horario de atención al público y un número de registro de entrada.
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