Democracia radical

Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 6 · ampliación

Nadie tiene derecho legítimo a decidir sobre la vida de otro sin que ese otro pueda exigirle cuentas. De esa idea sencilla sale toda democracia que merezca el nombre; la eficiencia, a veces, ni siquiera está de su lado. Votar cada cuatro años es el suelo, no el techo, y hoy ni el suelo aguanta. Donde el dinero compra la decisión antes de que llegue a las urnas, la forma democrática se conserva intacta mientras el contenido se vacía por dentro: así se desactiva un derecho sin derogarlo. Orbán bautizó ese vaciado como democracia iliberal y no se molestó en disimularlo. En abril de 2026, tras dieciséis años, los húngaros lo desalojaron con la participación más alta desde la caída del comunismo. El vaciado tiene vuelta atrás. Recuperar la forma, sin embargo, no basta. Queremos decisión compartida donde hoy solo hay delegación, presupuestos y asambleas ciudadanas cuyas conclusiones obliguen de verdad, y auditoría pública, con capacidad real de sanción, de los algoritmos que deciden quién accede a una ayuda, un empleo o un visado sin que nadie pueda pedirles explicaciones. Esa democracia no termina en la papeleta ni en el Parlamento. Entra en el centro de trabajo, donde hoy casi nunca llega. Menos delegación, más decisión compartida, en cada sitio donde alguien manda sobre la vida de otro.

La carta llegaba en un sobre normal, con el membrete de la agencia tributaria y una fecha de pago. Dentro, una cifra: veinte mil euros, a veces treinta mil, a veces más. Hacienda había decidido que esa familia cobró indebidamente la ayuda de guardería y reclamaba la devolución entera, desde el primer euro, sin gradación posible. Entre 2005 y 2019 recibieron una carta parecida unas 26.000 familias holandesas. El modelo de riesgo que las señalaba puntuaba, entre otros indicios, tener doble nacionalidad. No había casilla para explicarse. Había una deuda y un plazo.

El Gobierno de Rutte dimitió en pleno en enero de 2021, cuando el escándalo ya no se podía sostener. Para entonces las deudas habían hecho su trabajo: casas perdidas, empleos perdidos. La oficina estadística holandesa contó ese mismo año 1.675 niños de esas familias retirados del hogar desde 2015, y advirtió de que no podía establecer que la deuda hubiera causado esas retiradas. Ese matiz no consuela a nadie, pero hay que darlo.

Nada de esto exigió suspender unas elecciones. Los Países Bajos votaron con normalidad durante esos catorce años. Hubo campañas, debates, alternancia, prensa libre, recuento limpio. La forma democrática funcionó de principio a fin mientras un sistema automatizado arruinaba a 26.000 familias sin que ninguna pudiera preguntarle nada a nadie. Queda una pregunta incómoda: ¿qué protegía exactamente aquel voto?

La forma intacta

Derogar un derecho es visible. Deja rastro parlamentario y permite organizar la respuesta. Vaciarlo no requiere ninguna firma incómoda: basta con que la decisión que importa se tome en un sitio al que el derecho no llega. Queda el marco, con sus bisagras y su cerradura. Falta la hoja de la puerta.

Orbán tuvo la franqueza de ponerle nombre en un discurso de verano de 2014, cuando anunció que Hungría construiría un Estado iliberal. Hay que leer la declaración con cuidado, porque no prometía abolir las elecciones. Prometía conservarlas. Lo que iba a desmontar era lo que las hace consecuentes, la prensa que fiscaliza y los jueces que no dependen del Gobierno. Es un modelo, y se exporta bien.

El vaciado tampoco necesita a un autoritario declarado. Funciona igual en democracias plenas y sus cifras están publicadas. Corporate Europe Observatory y LobbyControl calcularon en octubre de 2025, a partir del Registro de Transparencia de la propia Unión Europea, que la industria digital declara 151 millones de euros anuales en influir sobre las instituciones europeas, un tercio más que dos años antes. Hay 890 personas dedicadas a ello a jornada completa. En el Parlamento Europeo hay 720 escaños. Como las cifras salen de declaraciones voluntarias, el gasto real será mayor.

El reglamento europeo de inteligencia artificial fijaba el 2 de agosto de 2026 para que entraran en vigor las obligaciones sobre sistemas de alto riesgo, entre ellos los que deciden quién accede a un empleo, a un crédito, a una prestación o a un visado. El Reglamento (UE) 2026/1744, aprobado el 8 de julio, publicado el 24 y en vigor desde el 27 de ese mes, aplazó esas obligaciones al 2 de diciembre de 2027. Seis días antes del plazo original. Los sistemas que las administraciones públicas ya tenían en marcha conservan el plazo que les daba el texto original, agosto de 2030.

Se tramitó con todas las formas: propuesta de la Comisión, acuerdo entre colegisladores, votación del Parlamento, aprobación del Consejo, Diario Oficial. A ningún votante se le preguntó si las garantías frente a los sistemas que deciden sobre su vida podían esperar dieciséis meses más.

Un apunte sobre la causa

Que el aplazamiento sea consecuencia de esa presión resulta una lectura razonable, coherente con lo que esos grupos habían declarado por escrito. No es una relación causal demostrada y no la voy a vender como tal. Lo demostrable ya basta: las fechas están en el Diario Oficial y el gasto está en el registro.

Llegados aquí, lo esperable sería sacar el estudio de Gilens y Page de 2014, el que popularizó la idea de que la ciudadanía media no influye en absoluto sobre la política estadounidense. No lo voy a hacer. Ese trabajo recibió críticas metodológicas serias, la de Bashir en 2015 entre ellas, y el efecto que midió es más débil de lo que su fama sugiere. Prefiero un registro público de gasto y una fecha oficial a un modelo estadístico todavía en discusión.

La versión más honesta del argumento contrario

Dice así, y no es tonta. Gobernar resulta técnicamente difícil: la política monetaria, la seguridad de un fármaco, el diseño de una red eléctrica exigen conocimientos que la mayoría no tiene ni tiene por qué tener. Deliberar consume tiempo. La gente, además, no quiere pasar los sábados discutiendo saneamiento, quiere que eso funcione y que la dejen en paz. Un cuerpo competente y estable, protegido de la presión electoral, decidiría mejor que una asamblea de aficionados bienintencionados. La versión académica seria la firma Jason Brennan en Contra la democracia (2016), que propone reservar la decisión a quien acredite conocimiento. La versión de taller reaccionario la firma Curtis Yarvin, que quiere despedir de golpe a toda la función pública porque la considera el estorbo que impide mandar de una vez. La segunda es la primera sin modales.

Empiezo por lo más fácil de comprobar, que es la premisa de la incompetencia. Cuando a personas corrientes se les da tiempo, información contrastada y alguien que ordene la conversación, deciden bien sobre asuntos complejos. De esto existe archivo. La base de datos de la OCDE reúne 733 procesos deliberativos representativos entre 1979 y 2023, en 34 países, con más de 80.000 personas elegidas por sorteo. La Asamblea Ciudadana irlandesa de 2016 a 2018 abordó el asunto más envenenado de la política de su país, el aborto, y su recomendación desembocó en el referéndum de 2018, ganado por dos tercios de los votos. El asunto llevaba blindado en la Constitución desde 1983.

Pero concedamos el argumento entero, que es la única forma de responderlo de verdad. Supongamos que un cuerpo de expertos sin control acertase más veces. Seguiría sin tener derecho a decidir. Nadie posee un título legítimo sobre la vida de otro por el hecho de entenderla mejor. La legitimidad viene de que quien manda pueda ser interrogado y destituido por quienes soportan las consecuencias, y de ningún otro sitio.

No quiero un amo competente. La objeción nunca fue que decidiera mal.

Queda además la parte práctica, la que suele darse por buena sin mirarla. El poder sin control tarda más en reconocer que se ha equivocado. Es la vieja observación de Amartya Sen sobre las hambrunas, discutida en sus márgenes y nunca desmentida en su núcleo: la información circula mientras alguien pueda publicarla y castigar en las urnas a quien la ocultó. Un gobierno que no rinde cuentas gestiona mejor su propia impunidad, que es otra cosa.

Qué hay encima de la mesa

Radical asusta porque se lee como extremo. Lo que pide este punto es más aburrido y más difícil: que la decisión vuelva al sitio donde nace. Ninguno de los instrumentos hay que inventarlo.

Los presupuestos participativos nacieron en Porto Alegre en 1989 y tienen la mejor evidencia de todo este terreno. El trabajo de Sónia Gonçalves publicado en World Development en 2014 comparó municipios brasileños con y sin presupuesto participativo: los primeros desplazaron gasto hacia saneamiento y salud, con una reducción asociada de la mortalidad infantil, y sin manejar presupuestos per cápita mayores. Es evidencia observacional con controles de robustez, no un ensayo aleatorizado, y así hay que citarla. Touchton y Wampler llegaron ese mismo año a resultados coherentes. Cambia quién define la prioridad, y entonces cambia dónde va el dinero, y eso acaba apareciendo en los datos de mortalidad. Con una condición que no se negocia: que la parte del presupuesto en juego sea sustancial. Un presupuesto participativo que reparte el uno por ciento es entretenimiento con acta.

Vamos con el sorteo, que despierta más resistencia y llega más lejos. La comunidad germanófona de Bélgica, unos 80.000 habitantes, aprobó en febrero de 2019 un decreto que creó un Consejo Ciudadano permanente: veinticuatro personas sorteadas, mandato de dieciocho meses, encargadas de decidir qué asuntos se someten a asambleas ciudadanas, también sorteadas, que se reúnen varias veces a lo largo de unos meses y cobran dietas por hacerlo. Puede salir sorteado cualquier residente mayor de dieciséis años, tenga o no la nacionalidad belga. El Parlamento está obligado a debatir sus recomendaciones y a explicar qué hace con ellas. Es un experimento pequeño y hay que decirlo así: nadie ha demostrado todavía que esto funcione a escala de un Estado.

El dato que más enseña va en la dirección contraria. Francia convocó en 2019 una convención climática con 150 personas sorteadas. Trabajaron nueve meses, entregaron 149 propuestas y el presidente de la República se comprometió a trasladarlas sin filtro. En febrero de 2021, invitados a puntuar lo que el Gobierno había hecho con su trabajo, le pusieron un 2,5 sobre 10. Aquellas 150 personas cumplieron. A su conclusión le faltaba obligar a alguien. Una asamblea consultiva es un acto de escucha, y la democracia empieza donde la escucha vincula.

Falta el instrumento que devuelve a la carta del principio, la auditoría pública de algoritmos con capacidad real de sanción. El precedente existe. El 5 de febrero de 2020 el tribunal de distrito de La Haya ordenó parar SyRI, el sistema de detección de fraude que el Estado holandés aplicaba desde 2014 sobre barrios pobres, por vulnerar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo consiguió una coalición de organizaciones civiles, con el principal sindicato del país, que llevó al Estado a juicio. Funcionó. Pero SyRI no era el modelo que arruinó a las familias de la ayuda de guardería. Ese era otro, de la propia agencia tributaria, y lo que le cayó encima llegó tarde y por otra vía: en diciembre de 2021, con el Gobierno ya dimitido, la autoridad holandesa de protección de datos multó a Hacienda con 2,75 millones de euros por haber tratado la doble nacionalidad como indicio de fraude. Una auditoría permanente con potestad sancionadora evita depender de que alguien encuentre abogado o de que el escándalo ya haya tumbado un gobierno, y eso es lo que las obligaciones de alto riesgo empezaban a construir antes de aplazarse.

El rumbo que sale de aquí no tiene misterio. Extender lo que ya existe. Que auditar un algoritmo público venga acompañado de la potestad de multar. Y hacia mitad de siglo, la parte que hoy suena más lejana: que decidir sobre lo común sea algo ordinario en la vida de cualquiera.

Donde no entra

Una persona pasa la mayor parte de su vida adulta despierta bajo una autoridad que no eligió y a la que no puede destituir. Ahí se decide su horario, su salario, su exposición al riesgo y, cada vez más, la aplicación que mide su rendimiento.

Sobre democracia dentro de la empresa hay evidencia seria, y es modesta. Alemania obliga desde hace décadas a reservar asientos de trabajadores en los consejos de administración. Jäger, Schoefer y Heining, en el Quarterly Journal of Economics de 2021, aprovecharon una reforma de 1994 para medirlo bien: la cogestión no subió los salarios, tampoco los bajó, y aumentó la formación de capital a largo plazo. En una revisión posterior, Jäger y Schoefer, con Shakked Noy, resumieron la literatura en efectos nulos o pequeños, y dieron la explicación decisiva. Las leyes de cogestión existentes conceden a los trabajadores muy poca autoridad real.

Esa última línea hay que leerla despacio. Lo que mide es hasta dónde se ha dejado llegar a la democracia dentro de la empresa, y resulta que muy poco. Un tercio de los asientos sin competencia decisoria es una silla.

Y una democracia que se detiene en la puerta del centro de trabajo se detiene justo donde empieza el día de la mayoría.

La otra carta

La convención francesa trabajó nueve meses y acabó puntuando al Gobierno con un 2,5. El aplazamiento europeo se aprobó igual. La estructura explica por qué: quien tiene dinero y tiempo para estar todos los días en Bruselas consigue dieciséis meses de prórroga, y quien no lo tiene no consigue nada. Ninguna cantidad de buena voluntad individual arregla eso. Pero la estructura tampoco se mueve sola, y esperar a que se mueva es la forma más elegante de no hacer nada. Se mueve cuando gente concreta ocupa el sitio donde se decide y se niega a devolverlo.

Eso ya ocurre, a escala ridícula comparada con lo que haría falta. Una coalición de organizaciones y un sindicato pararon un algoritmo de Estado ante un tribunal. Ciudades brasileñas cambiaron el orden de las obras porque lo decidieron los vecinos.

Al principio de este texto había una carta que reclamaba dinero sin dejar sitio para explicarse. Hay otra clase de carta. En Eupen, en la Bélgica oriental, llega un sobre que dice que has salido sorteado. Te piden unos cuantos sábados, te pagan las dietas, te dan documentación y expertos a los que interrogar, y al final un parlamento de veinticinco escaños, menos que el pleno de algunas capitales de provincia, tiene que decirte qué ha hecho con lo que propusiste. Puedes decir que no. La mayoría dice que no, y no sé bien por qué; no he encontrado ningún estudio que lo explique sin condescendencia.

Algunos van.

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