Dignidad extendida

Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 7 · ampliación

La dignidad nunca ha sido una lista cerrada. Ha crecido siempre por ampliación, y cada ampliación pareció una extravagancia jurídica la víspera de conseguirse: sujetos que antes no contaban empezaron a contar, y el mundo, contra lo que se anunciaba, se hizo más justo. Sostenemos que el círculo vuelve a quedarse corto por dos lados. Uno es el de los sistemas de los que depende la vida —un río, un acuífero, una laguna como el Mar Menor, persona jurídica en España desde 2022—, que seguimos tratando como almacenes a la espera de comprador en lugar de como lo que son: condición de posibilidad de todo lo demás, nosotros incluidos. No decimos que merezcan protección porque tengan alma. Decimos que no la necesitan para merecerla; basta con que de ellos dependa lo que sí tiene interés en seguir existiendo. El otro lado es temporal: quien nazca en 2090 no vota hoy ni negocia hoy, y sin embargo vivirá dentro de lo que ahora se decida. Un sistema político que descuenta el futuro hasta dejarlo en cero roba con método, y llamarlo prudencia es la excusa que se lo permite.

En un manual de contabilidad pública está escrito cuánto vale el año 2126. No es una manera de hablar. Hay una tabla, hay un coeficiente, y lo aplica cada mañana gente honrada que no se considera enemiga de nadie.

La regla se llama tasa social de descuento. El Green Book del Tesoro británico, la guía que ordena cómo se evalúa cualquier gasto público en el Reino Unido, todavía la fijaba en febrero de 2026 en el 3,5 % anual durante los treinta primeros años, el 3 % hasta el año setenta y cinco y el 2,5 % a partir de ahí. Hice la cuenta con esa tabla, y la cuenta es mía: mil euros de daño dentro de un siglo valían hoy cincuenta y uno. Los otros novecientos cuarenta y nueve no se han perdido ni se han negado. Se han descontado.

El número da lo mismo. Importa de dónde sale.

La impaciencia tiene tipo de interés

Al tipo lo sostienen tres sumandos. El más grueso, dos puntos, es razonable: si dentro de cien años la gente vive mejor que nosotros, un euro le hará menos falta. Otro punto cubre el riesgo de que una catástrofe borre los beneficios antes de que lleguen. El medio punto restante ni siquiera se disimula. Los economistas lo llaman preferencia temporal pura, y su propia literatura lo describe con una palabra más franca: impaciencia. Pigou le puso nombre en 1920, una facultad telescópica defectuosa, y ahí sigue, convertido en parámetro.

Nicholas Stern propuso en 2006 reducirlo casi a cero, porque no encontraba motivo para valorar menos a una persona por haber nacido después. La objeción contraria, que sostuvo entre otros William Nordhaus, tampoco es despreciable: las decisiones públicas deberían reflejar las preferencias que la gente muestra, no las que a un filósofo le gustaría que tuviera.

En diciembre de 2025 el Tesoro encargó a dos economistas, Ben Groom y Mark Freeman, una revisión de la tasa. Su informe, publicado el 30 de junio de 2026, recomienda bajarla al 3 % los treinta primeros años, al 2,5 % hasta el año setenta y cinco y al 2,25 % después. En septiembre se anunció que el tipo de cabecera bajará al 3 %, aunque cuando escribo esto el Tesoro no ha publicado todavía su respuesta formal ni la guía nueva. Con la tabla recomendada, los mil euros de 2126 pasarían a valer setenta y ocho. La revisión tocó el crecimiento esperado y el riesgo, y dejó el medio punto de impaciencia exactamente donde estaba.

Lo eligió alguien hace décadas, y en 2026 alguien volvió a elegirlo.

Descontar el futuro es una operación con parámetros, escrita en un manual que cualquiera puede descargar, y se aplica a decisiones sobre presas, hospitales, centrales y bosques.

Ocurre además sin odio. Al futuro nadie lo desprecia; pierde porque no está en la sala cuando se vota. Tampoco está el acuífero. Un ministro que decide sobre un embalse a cincuenta años responde ante un electorado que acude a las urnas dentro de cuatro; una empresa que agota una capa freática responde ante una junta que se reúne cada trimestre. Nadie firmó nunca la orden de despreciar lo que viene. Se construyó un procedimiento donde lo que viene no puede comparecer, y al resultado se le llamó prudencia.

Un abogado para el río

Que un río vale mucho lo firma todo el mundo, incluida la empresa que va a secarlo. El valor es una cantidad, y una cantidad entra en la cuenta como un sumando más: se pesa contra los empleos y contra la factura de la luz, y a veces pierde.

El estatuto funciona de otra manera. Establece que la cuenta no puede hacerse sin escuchar al afectado, y en eso consiste: una regla de procedimiento. Ahí está la exigencia del manifiesto, bastante más modesta y bastante más radical de lo que aparenta.

No pido que nadie rece a un río. Pido que el río tenga abogado.

Llega entonces la objeción de siempre: conceder personalidad jurídica a una laguna es misticismo con toga. La respuesta lleva medio siglo escrita. En 1972 Christopher Stone publicó un artículo con título de broma, ¿Deberían los árboles tener capacidad procesal?, y un argumento muy serio. El derecho concede desde siempre personalidad a entidades que no hablan, no firman y no comparecen. Un menor no litiga; litiga quien lo representa. Una sociedad anónima existe solo en el papel y sin embargo compra, vende, despide, denuncia y es denunciada.

Siglo y medio otorgando personalidad jurídica a sociedades mercantiles sin que a nadie se le pusiera cara de asombro. La objeción mística aparece solo cuando el beneficiario es una laguna.

Bolígrafo propio

En 2020, Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, propuso usar una iniciativa legislativa popular para reconocer derechos propios al Mar Menor. Hacían falta medio millón de firmas manuscritas. La recogida empezó en octubre de 2020, en plena pandemia, con cada firmante trayendo su bolígrafo. Al cerrarse sumaba 639.826, un 28 % más de las exigidas.

La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, convirtió a la mayor laguna salada de Europa en el primer ecosistema del continente con personalidad jurídica: derecho a existir, a evolucionar, a ser protegida, a ser restaurada. Vicente recibió por ello el Premio Goldman en 2024.

Vox recurrió la ley entera ante el Tribunal Constitucional. El Pleno desestimó el recurso en la sentencia 142/2024, de 20 de noviembre, por siete votos contra cinco, y razonó que atribuir personalidad jurídica a una realidad natural no la equipara a la persona física ni rebaja en nada la dignidad humana. El real decreto 90/2025, de 11 de febrero, reguló después quién habla por la laguna: un comité científico, una comisión de seguimiento y un comité de representantes de la ciudadanía.

Quién elige a esos representantes, y con qué legitimidad hablan en nombre de un ecosistema que no puede desautorizarlos, es un problema que no tengo resuelto y que no me parece menor. Lo dejo escrito y sigo.

Tampoco es una rareza española. Ecuador metió los derechos de la naturaleza en su Constitución en 2008; la Corte Constitucional colombiana reconoció al río Atrato como sujeto de derechos en 2016 y le nombró guardianes; Nueva Zelanda aprobó en 2017 la ley que reconoce al río Whanganui como entidad viva, con tutores designados por el Estado y por el pueblo maorí. La figura viaja deprisa para lo que suele tardar el derecho, y en cada país la movió alguien con un trámite en la mano.

Lo que le falta a la laguna

La versión más honesta del argumento contrario tiene dos caras. La primera es jurídica y viene de la academia. Un derecho que su titular no puede ejercer, ni reclamar, ni incumplir es un derecho aparente: la laguna no puede ser demandada, no responde de nada, no tiene deberes. Y hay algo peor. La personalidad jurídica no retira ni un gramo de nitrato del agua. El propio Constitucional, para salvar la ley, leyó esos derechos como una declaración de principios que solo se concreta a través de la legislación ambiental que ya existía, y la catedrática de Derecho Administrativo Blanca Lozano Cutanda concluyó en marzo de 2025 que la inseguridad jurídica persiste tras la sentencia y el real decreto.

Describe bien el problema y saca la conclusión equivocada. Nadie prometió que una etiqueta limpiara una laguna. El estatuto abre la puerta de un tribunal a quien antes no la tenía, y que el agua mejore depende del dinero, de la política agraria y de los inspectores, igual que el derecho a un juicio justo necesita jueces suficientes para producir sentencias justas. Bien leída, la objeción pide pagar el estatuto.

La segunda cara escuece más. La formuló Derek Parfit en 1984: quienes existan dentro de un siglo dependen de lo que decidamos ahora. Cambia la política energética y cambian los trabajos, los traslados, las parejas que se forman, los hijos que nacen. Las personas de 2126 en un mundo cuidado serán otras que las de un mundo arrasado. Ninguna puede reclamarnos daño, porque con la decisión contraria no habría llegado a existir.

Es un argumento serio y no se responde con indignación. Se responde con lo que el derecho ya hace sin escándalo: deber algo a quien ocupe una posición, sea quien sea. Aceptamos herederos aún no concebidos, fundaciones que duran siglos, deuda pública que pagará gente que todavía no tiene cara. A nadie se le ocurre sostener que la deuda de 2060 sea inexigible porque los contribuyentes de 2060 no están identificados.

El futuro existe lo bastante para heredar una deuda y no lo bastante para heredar un derecho. Esa asimetría le conviene, sobre todo, a quien cobra hoy.

Las dos mitades

El humanismo laico no tiene atajo. No dispone de alma que invocar ni de mandato divino que citar. Tiene una observación más seca: merece protección lo que puede ser destruido y aquello de lo que depende otra cosa. Vulnerabilidad y dependencia. Por ese camino entran los ríos sin necesidad de atribuirles conciencia, y entra quien nazca en 2126 sin necesidad de saber cómo se llamará.

Hay que sostener las dos mitades a la vez, porque cada una por separado miente. Si solo miro la estructura, con sus ciclos electorales de cuatro años, sus resultados trimestrales y su medio punto de impaciencia metido en una fórmula, el futuro está condenado y no queda nada por hacer hasta que caiga el sistema entero. Si solo miro la voluntad, bastaría con que la gente tomara conciencia, y esa mentira es todavía más cómoda: deja la fórmula intacta y le pasa la factura al ciudadano.

La estructura explica por qué el futuro pierde casi siempre. No explica por qué a veces gana.

Ganar una vez deja el trabajo a medias. Gales aprobó en 2015 su Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras, con objetivos vinculantes para los organismos públicos y un comisionado encargado de hablar por quienes aún no votan. Diez años después, en abril de 2025, la Auditoría de Gales concluyó que la ley ha ganado visibilidad sin producir el cambio de sistema que pretendía. En marzo de 2026, la comisión de Igualdad y Justicia Social del parlamento galés fue más concreta. Calificó de inaceptable que un problema contable, la imposibilidad de guardar remanentes de un año para otro, comprometa las revisiones del artículo 20, que son la competencia más fuerte del comisionado, y pidió resolverlo con urgencia.

El guardián del futuro existe. Lo que se discute es si tiene presupuesto para ejercer.

Europa dio su paso el 5 de marzo de 2026 con la primera Estrategia sobre Equidad Intergeneracional de la Comisión, COM(2026) 110 final: un índice de equidad entre generaciones, la aplicación sistemática de la prueba de impacto juvenil y un informe de situación a comienzos de 2028. A las tres semanas, organizaciones como The Good Lobby le reprocharon un buen diagnóstico con pocas medidas exigibles, apoyado en herramientas que ya existían. Me parece justo, y no anula el avance.

Naciones Unidas va peor. La Cumbre del Futuro aprobó el 22 de septiembre de 2024 la primera Declaración sobre las Generaciones Futuras, que incluía nombrar un enviado especial para aplicarla. Los términos del cargo y su presupuesto estaban listos en julio de 2025; un mes antes, la comisión presupuestaria de los Estados ya se había negado a financiarlo. El puesto no figura en el presupuesto propuesto para 2026, y en agosto de 2026 seguía en suspenso.

El ejercicio de clase que acabó en La Haya

En 2019, en el campus de Port Vila de la Universidad del Pacífico Sur, veintisiete estudiantes de Derecho recibieron un encargo de clase: buscar la herramienta jurídica más ambiciosa disponible contra el cambio climático. Concluyeron que era pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Escribieron a los gobiernos de la región. Vanuatu les hizo caso.

Marzo de 2023: la Asamblea General pide esa opinión por consenso. Diciembre de 2024: Cynthia Houniuhi comparece ante la Corte y reclama expresamente el principio de equidad intergeneracional. 23 de julio de 2025: la Corte responde por unanimidad que los Estados están obligados a proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras. 20 de mayo de 2026: la Asamblea General adopta la resolución que lo lleva a la práctica, con ciento cuarenta y un votos a favor, veintiocho abstenciones y ocho en contra: Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, Irán, Israel, Bielorrusia, Liberia y Yemen.

Ninguno de aquellos veintisiete sabía, al entregar el trabajo, que terminaría en La Haya. Sabían el paso siguiente, que es lo único que se puede saber.

En Gales, el paso siguiente que pidió el parlamento fue un apunte contable para que el comisionado pudiera guardar dinero de un año para otro. No tiene nada de heroico. De ese apunte depende que el guardián del futuro trabaje el año que viene.

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