Mirada planetaria, no occidental

Manifiesto humanista para el siglo XXI · punto 12 · ampliación

El carbón que hoy calienta el planeta se quemó primero aquí, y la sequía la paga primero allí: esa asimetría histórica es el punto de partida. Este manifiesto se escribe desde Europa, pero no para Europa. Nombramos a Washington, Roma o Moscú porque los tenemos delante, y el mundo sigue mucho más allá de ellos. Se nos dice que defender derechos humanos universales es exportar una idea occidental, y conviene preguntar quién lo dice: casi nunca la persona a la que se los niegan, casi siempre el gobierno o el patrón que se beneficia de negárselos. Los derechos no se descubrieron en un continente. Se reclamaron en todos, contra quien tocara cada vez, y esa es la diferencia entre el universalismo como origen y el universalismo como conquista repetida. De ahí sale lo que debemos: condonación de la deuda ilegítima, reparación por el daño climático causado, instituciones internacionales donde el Sur Global tenga voto, además de voz. No hablamos en nombre de nadie. Hacemos sitio para que hable todo el mundo.

El último tren cargado de carbón llegó a Ratcliffe-on-Soar, en el condado inglés de Nottingham, el 28 de junio de 2024. Tres meses después, el 30 de septiembre, la central apagó sus calderas y el Reino Unido dejó de producir electricidad con carbón. Había empezado en 1882, en el viaducto de Holborn, en Londres, con la primera central de carbón del mundo. Ciento cuarenta y dos años. El ministro de Energía dijo aquel día que los trabajadores del carbón podían estar orgullosos de haber dado luz al país durante más de un siglo, y tenía razón. Nadie que se ganara el jornal delante de una caldera tiene que pedir perdón por ello.

Mientras Ratcliffe agotaba sus últimas temporadas, el Cuerno de África encadenaba cinco estaciones de lluvia fallidas, desde octubre de 2020, en la peor sequía en cuarenta años. En abril de 2023, el grupo World Weather Attribution, con una climatóloga del servicio meteorológico de Kenia entre sus autores, publicó su análisis: sin el calentamiento causado por la actividad humana, esa combinación de poca lluvia y mucha evaporación no habría llegado a ser sequía. El calentamiento la hizo, en su estimación más prudente, unas cien veces más probable. Dato sólido, con los márgenes que sus autores declaran. En Somalia, un estudio encargado por el Gobierno somalí, la OMS y Unicef calculó unas 43.000 muertes en exceso solo en 2022, la mitad de niños menores de cinco años. La cifra es un cálculo estadístico, porque en aquellos meses nadie estaba en condiciones de contar casa por casa.

Apagar el carbón es un lujo de quien lo encendió primero.

Carbon Brief publicó en noviembre de 2023 un análisis de las emisiones acumuladas de CO2 entre 1850 y 2023 que hizo algo poco habitual: cargar en la cuenta de cada metrópoli lo que se emitió en sus colonias mientras lo fueron. Con esa corrección, la parte francesa de la responsabilidad histórica crece la mitad, la británica casi se duplica y la de Países Bajos casi se triplica. La de África cae del 6,9 % al 5,2 %, apenas una décima por encima de la del Reino Unido, con veintiuna veces su población. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido suman el 39 % del CO2 acumulado con menos del 11 % de la población mundial actual. Hablamos de un único análisis, y sus propios autores advierten que el reparto justo queda en algún punto entre cargar todo a la metrópoli y no cargarle nada. Ninguno de los dos extremos cambia quién encabeza la lista.

Escribo desde ese 39 %. La contrición no le sirve a nadie en Mogadiscio, porque es un sentimiento privado; lo que sirve allí es contabilidad pública, con fechas y con cifras.

Que el texto se escriba desde Europa y no para Europa tiene una consecuencia de vista y otra de destinatario. El sitio desde el que miro recorta lo que veo. El manifiesto nombra a Orbán, a Meloni y al taller de ideas de Washington porque son el daño reaccionario que tenemos delante, y nombrarlos es una obligación de cercanía. Pero un texto que confundiera ese mapa con el del mundo cometería, en pequeño, el error que denuncia: tomar la propia provincia por el universo. Y está la prueba del lector. Si una mujer de Lagos o un maestro de Daca leen estas exigencias y las reconocen como suyas, el texto ha funcionado. Si las leen como caridad redactada en otro sitio, ha fracasado, por correcta que sea su prosa.

El 10 de diciembre de 1948, en el Palacio de Chaillot de París, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con 48 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones. Seis eran de gobiernos comunistas, Yugoslavia incluida, que ese mismo verano había roto con Stalin. Las otras dos, Arabia Saudí y la Unión Sudafricana, cuyo Partido Nacional había ganado las elecciones en mayo con un programa que tenía nombre propio: apartheid. Ninguno de los ocho gobiernos se abstuvo en nombre de los pueblos que gobernaba. Se abstuvieron en nombre de lo que pensaban hacer con ellos.

En la primavera de 1993, Bangkok acogió dos reuniones preparatorias de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena. Del 24 al 28 de marzo se reunieron más de un centenar de organizaciones civiles de Asia y el Pacífico. Del 29 de marzo al 2 de abril, los gobiernos. La declaración de los gobiernos insistió en las particularidades nacionales y regionales y en la no injerencia en asuntos internos. La de las organizaciones respondió que defender los derechos de alguien no invade la soberanía de nadie.

Misma ciudad, diez días, dos Asias.

La que firmaba en nombre del Estado pedía que no se la mirase. La que firmaba en nombre de presos y sindicalistas pedía exactamente lo contrario. Casi treinta años después, en septiembre de 2022, Jina Mahsa Amini murió bajo custodia de la policía de la moral en Teherán, y la consigna que llenó las calles de Irán no llegó traducida de ninguna cancillería europea. Jin, jiyan, azadî, mujer, vida, libertad, viene del movimiento de mujeres kurdas. Nadie la importó. La traían puesta.

La objeción del occidentalismo tiene un problema más serio que su procedencia interesada: se equivoca de historia. Presupone que los derechos nacieron en un sitio y luego viajaron. Los documentos cuentan que se ampliaron a golpes, y que casi siempre los ampliaron quienes habían quedado fuera.

En agosto de 1791, los esclavos de Saint-Domingue, la colonia más rentable de Francia, se levantaron contra sus amos. Sus dirigentes conocían la Declaración de 1789 y la tomaron más en serio que quienes la habían redactado, que no habían previsto aplicársela a ellos. La revuelta obligó a la República a abolir la esclavitud en 1794. En 1802 Napoleón la restableció en las colonias y mandó un ejército a la isla. El 1 de enero de 1804, Haití se declaró independiente. Ese universalismo, escrito por quienes no estaban invitados, es el que este manifiesto reivindica.

El cobro llegó después, con buques de guerra. En 1825, Carlos X exigió 150 millones de francos a cambio de reconocer la independencia: una indemnización para los antiguos propietarios por la pérdida de su propiedad, es decir, de las personas que se habían liberado. La cifra se rebajó en 1838, pero Haití tuvo que endeudarse con bancos franceses para pagar a Francia, y después pedir prestado para devolver lo prestado. The New York Times siguió en 2022 cada pago de aquella cadena, préstamo a préstamo, y situó el último en 1947, a un banco de Nueva York. El daño económico total que estimó el periódico, entre 21.000 y 115.000 millones de dólares según el supuesto de crecimiento, lo discuten los historiadores. Las fechas, no.

Contada la cadena entera, Haití terminó de pagar su libertad un año antes de que el mundo declarara que todos nacemos libres.

Y la frase con que lo declaró tiene autora. El primer borrador del artículo 1 decía que todos los hombres nacen libres e iguales. Hansa Mehta, delegada de la India en la Comisión de Derechos Humanos, peleó para que dijera todos los seres humanos, y ganó. En la mesa donde se redactó la Declaración Universal, alguien que llegaba de un país colonizado hasta el año anterior corrigió a los demás sobre a quién incluía la palabra.

Aimé Césaire, poeta martiniqués y diputado comunista, dejó el Partido Comunista Francés en 1956 con una carta a Maurice Thorez donde rechazaba a la vez encerrarse en el particularismo y disolverse en un universalismo descarnado. Lo que quería era, en sus palabras, un universal rico de todo lo particular. Hay dos maneras viejas de pensar los derechos. Una los trata como ideas, válidas en todas partes por su propia fuerza. La otra los reduce a adorno de una correlación de fuerzas materiales. Haití refuta las dos versiones puras. La idea de 1789 cruzó el Atlántico y armó a gente que no sabía leerla en francés, y esa es la fuerza de la idea. Esa misma idea, ganada en el campo de batalla, quedó atada más de un siglo a una deuda, y esa es la fuerza de la materia. Un universalismo que no hable de dinero se queda en declaración. Un materialismo que no hable de derechos no tiene con qué reclamar el dinero.

Su versión más honesta no la formulan los gobiernos de Bangkok ni la diplomacia saudí. La formulan juristas del Sur que no tienen nada que ganar con la tiranía. El keniano Makau Mutua publicó en 2001, en la Harvard International Law Journal, un ensayo que describía el discurso de los derechos humanos como un drama con tres papeles fijos: salvajes, víctimas y salvadores. El salvaje es el Estado del Sur. La víctima, su población. El salvador, casi siempre, una ONG o un gobierno del Norte. La historia reciente le ha dado munición de sobra. La invasión de Irak en 2003 se vendió en parte como liberación. La intervención en Libia en 2011 empezó como protección de civiles y terminó en cambio de régimen y en un país roto. Mutua tiene razón en lo que describe, y concederlo le cuesta algo a este manifiesto: cada vez que un gobierno europeo predica derechos humanos con una mano y vende armas con la otra, la objeción occidentalista gana un argumento que no ha tenido que fabricar.

Concedido entero, el argumento prueba menos de lo que pretende. Prueba que el mensajero ha perdido crédito. No prueba que el mensaje sea falso. El preso de Abu Ghraib tenía el mismo derecho a no ser torturado que el de la cárcel de Evin, y la doble vara obliga a medir también a quien la sostiene, nunca a tirarla. El propio Mutua no renuncia a los derechos humanos: pide reconstruirlos con voces del Sur, que es lo que pide el párrafo de este punto, dicho con más rabia y con más razón. Y queda la prueba de coherencia que ningún relativista supera. Si los derechos son locales, la mujer que se quita el velo en una plaza de Teherán solo puede apelar, contra su propio Estado, a la costumbre de ese mismo Estado. Llevado hasta el final, el relativismo cultural le quita a quien sufre la única lengua en la que su queja vale fuera de su casa.

De Mutua se sigue otra cosa, y la asumo sin reserva: lo que falla es el monopolio sobre la interpretación y la vigilancia de los derechos, no su alcance universal. Ese monopolio tiene sede y reglamento de voto.

En la deuda, el monopolio se vuelve contable. Según el informe de la UNCTAD publicado en 2026, entre 2010 y 2025 los países en desarrollo pagaron por su deuda pública un tipo de interés medio del 5,2 %, frente al 2,2 % de las economías desarrolladas. La serie es sólida y la agencia la publica cada año. La propia UNCTAD recuerda el Acuerdo de Londres de 1953, que limitó el servicio de la deuda exterior de la Alemania occidental a una fracción pequeña de sus ingresos por exportaciones; habla de un tope del 5 %, y otras fuentes dan cifras algo menores. A un país que acababa de perder una guerra de agresión se le puso techo. A los países que hoy sufren un calentamiento que no provocaron se les cobra más del doble de interés.

Cuando el manifiesto habla de deuda ilegítima no inventa una categoría a la medida. Alexander Sack formuló en 1927 la doctrina de la deuda odiosa: la que contrae un régimen sin consentimiento de su pueblo y en contra de sus intereses no obliga a ese pueblo cuando el régimen cae. La versión contemporánea va más lejos e incluye deudas cuyas condiciones las hacen impagables sin desmontar la sanidad o la escuela. Esa ampliación no tiene todavía respaldo en derecho internacional asentado; es una posición política, y como tal la defiendo. Lo que no sé resolver es quién la aplica. Si declara odiosa una deuda un tribunal del Norte, el monopolio sigue intacto con otra toga. Si la declara el propio deudor, el siguiente préstamo llegará más caro, o no llegará.

La reparación climática tiene ya ventanilla, pero casi vacía. El Fondo para responder a las Pérdidas y Daños se acordó en la cumbre de Sharm el-Sheij de 2022. A 31 de julio de 2026, según el informe de su propia junta, las promesas sumaban 822,7 millones de dólares y lo efectivamente ingresado, 486. En abril, su director ejecutivo, Ibrahima Cheikh Diong, había advertido de problemas de liquidez antes de que acabara 2027, cuando el fondo aún no había pagado un solo proyecto. Las necesidades anuales que estiman redes de la sociedad civil del Sur llegan a 400.000 millones de dólares, y son cifras de parte. Aunque la necesidad real fuera la cuarta parte, lo ingresado no llegaría al medio por ciento.

Y luego está la mesa. En el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos tiene el 16,49 % de los votos, y como las decisiones importantes exigen el 85 %, ese porcentaje funciona como veto. Los países de África subsahariana, juntos, rondan el 4,6 %, según el recuento del CADTM, una red que milita por la anulación de la deuda. El G7 reúne cerca del 41 % del voto con alrededor del 10 % de la población mundial. El 1 de noviembre de 2024 el directorio estrenó una tercera silla para África subsahariana. Una silla más no es un voto más.

Hay una sala donde esto ya se está discutiendo, y no la convocó ningún gobierno europeo. A finales de 2023, a iniciativa del Grupo Africano, con Nigeria como portavoz, la Asamblea General de Naciones Unidas abrió la negociación de una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional. Es el primer intento serio de escribir reglas fiscales vinculantes fuera de la OCDE, el club donde durante décadas los países ricos decidieron quién paga impuestos a quién. Estados Unidos abandonó la mesa en 2025. La tercera sesión se celebró en Nairobi en noviembre de ese año. Del 3 al 13 de agosto de 2026, en Nueva York, los negociadores trabajaron con borradores completos de la convención y de sus dos primeros protocolos, y los textos finales deben llegar a la Asamblea General en 2027. Puede salir aguado, bloqueado o firmado y sin ratificar. La redacción la llevan esta vez quienes durante dos siglos recibieron las reglas ya escritas.

A quien escribe desde este lado le toca una tarea pequeña y verificable: exigir a su gobierno que no frene esa negociación, que no la vacíe a fuerza de abstenciones y que firme lo que salga de ella. No le toca redactar. Hacer sitio, esta vez, consiste en quedarse en la mesa sin pedir la pluma.

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